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La alcaldesa de El Coronil. / El Correo
El Ayuntamiento de El Coronil ha presentado una denuncia en el consulado de Argentina en Cádiz por la muerte de 121 vecinos en la Guerra Civil, con lo que se convierte en el primer pueblo español que se suma a la denominada «querella argentina» por la represión franquista.
La denuncia, avanzada hoy por eldiario.es/andalucia, pide que se aclaren responsabilidades por la muerte de 121 vecinos de la localidad desde el 31 de julio de 1936, entre ellos un bebé y una menor, que fue violada y asesinada.
La concejala de Memoria Histórica de El Coronil, Irene Lara (Podemos), ha confirmado a Efe que la querella se ha presentado oficialmente y es pionera al usar la vía consular.
Otros ayuntamientos han aprobado mociones de adhesión a la causa que lleva un juzgado de Buenos Aires por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, aunque no han presentado denuncias ante la embajada argentina o los consulados.
Lara ha señalado que la denuncia pide que los hechos denunciados se entreguen a la jueza María Servini de Cubría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de modo que el juzgado de Buenos Aires se encargue de darle salida.
La denuncia, de siete folios, firmada por la alcaldesa, Josefa Isabel Gómez Gaspar, recoge los hechos ocurridos en la localidad tras la entrada de las tropas franquistas durante la Guerra Civil.
Detalla «vejaciones y desapariciones, con tres suicidios (provocados) de presos a la espera de su ejecución, 49 fallecimientos en circunstancias no aclaradas o bastantes sospechosas, 14 desaparecidos, sin datos hasta ahora de lo que pudo pasarles o 150 personas condenadas a prisión, de estos, muchos condenados a muerte y luego conmutada esa pena por cadenas perpetuas».
Cita también que hubo 14 familias «a las que se les confiscaron todos sus bienes, incluidas sus viviendas, y en esta cifra no se incluyen los que fueron además ejecutados, ni los presos y desaparecidos», así como «11 mujeres rapadas y obligadas a tomar purgantes. Tampoco se incluyen aquí las que fueron asesinadas después de ser peladas».
Irene Lara ha recordado que en el cementerio de la localidad, que ahora tiene unos 5.000 habitantes, hay una fosa común en la que podrían estar enterrados los cuerpos de muchos de los represaliados, y se avanza en las gestiones para que se pueda abrir cuanto antes.