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El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, responde a las preguntas del fiscal durante el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, que se ha reanudado hoy en la Audiencia de Sevilla. EFE/ Pepo Herrera
Casi diez horas de declaración estuvo resistiendo el exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez al interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, defendiendo que las irregularidades que reflejaba en sus informes no eran de tanta gravedad, para acabar ratificando su polémica declaración ante el Tribunal Supremo, donde acudió a declarar de forma voluntaria después de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dijeran que él nunca alertó del fraude de los ERE. Entonces dijo que «no se tomaron medidas» pese a que en sus informes recogió las deficiencias del sistema y al salir les llegó a decir a los periodistas que el «Gobierno andaluz miró para otro lado». Pero antes de llegar a este punto, en cambio, mantuvo su línea de defensa, recalcando «que no hubo menoscabo de fondos públicos» y que, al contrario de lo que dijo en el Alto Tribunal, sí se «adoptaron cambios» a raíz de sus advertencias.
El juicio por el procedimiento específico de los ERE, que sienta en el banquillo a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, continuó este lunes donde se quedó el pasado miércoles: con el interrogatorio del ex interventor general Manuel Gómez. Una declaración que, pese a que Gómez resistió a las preguntas del fiscal sin dar nombres, acabó admitiendo lo que relató en abril de 2015 en el Alto Tribunal. «Hay tres miembros del Consejo de Gobierno que habían recibido su informe, ¿se ratifica en lo que dijo en el Tribunal Supremo?» le preguntó el fiscal Manuel Fernández Guerra, que antes las dudas de Gómez añadió: «no solo que lo recibieran, en lo que pudieran hacer y no hicieron». A lo que contestó: «Sí, me ratifico», mientras su abogado intentaba que el tribunal le diera «la venia». «No hay más preguntas señoría, ni hace falta proceder a la lectura de la declaración», dijo el representante del Ministerio Fiscal sabedor del tanto que acababa de lograr.
Ante el Supremo, Gómez dijo que remitió sus informes a las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación, aunque reconoció que «nunca» se reunió ni con los consejeros ni con Chaves «para mantener su autonomía». Sus palabras afectan directamente a otros ex altos cargos, que Gómez no nombró, pero que están sentados en el banquillo de los acusados en este juicio y que son los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo y el propio Griñán.
El ex interventor volvió a insistir en el hecho de que en este procedimiento participaron una docena de interventores y que si ninguno alertó de un posible menoscabo es «porque no lo hubo», porque, según recordó, la Ley obliga a informar directamente al consejero de Hacienda si esto ocurriese. Gómez también insistió en que «desde que fuimos conscientes de estas deficiencias lo pusimos en conocimiento» en diferentes informes e hizo hincapié en que la «Intervención no tenía ninguna herramienta para frenar los pagos de la Agencia IDEA».
Sobre el uso de las transferencias de financiación, el mecanismo por el que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) obtenía los fondos para luego pagar las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo, dijo que fue «inadecuado» porque se trata de un mecanismo financiero pensado para «equilibrar el presupuesto». Además, precisó que estas «no tiene nunca fiscalización previa» y que el hecho de no tenerlas no implica nada «positivo ni negativo» ni impide mayor o menor control. «El que quiera cometer fraude, si se quiere gestionar irregularmente, no hay mecanismo de control que valga», dijo. En este sentido, explicó que existen más gastos en la Junta que no están sometidos a fiscalización previa y que no por ello son irregulares. Como ejemplo puso las obras menores en las que la Junta «invierte cada año 700 millones de euros, cuando el fraude de los ERE fue de 700 millones en diez años».
Gómez también hizo alusión al informes de los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), con los que no comparte términos como «riesgo de menoscabo», del que ha dicho que es un «concepto tan etéreo, que no le puedo decir»; o del hecho de que calificara de «falso» el presupuesto del IFA, recordando que «este presupuesto lo aprueba el Consejo de Gobierno y el Parlamento», así que es «como mínimo una exageración».
Otras dos ideas en las que incidió fueron, por un lado que las ayudas sociolaborales no son subvenciones y así lo señala el Decreto Ley 4/2012, lo que a su juicio «arroja luz» sobre este presunto fraude, pues aclara que, por tanto, no pueden regularse por la Ley de Subvenciones. Y, por otro lado, que el sistema se cambió y se optó por las encomiendas de gestión en lugar de las transferencias. «Nuestras advertencias tuvieron una eficacia tardía, pero eso se hizo como consecuencia de nuestros informes», contradiciéndose así, con el hecho de que en el Supremo afirmara que no se tomaron medidas. En este punto se lamentó que él no fuera sido exculpado del procedimiento como sí lo fue el director del IFA en ese momento, lo que hizo que el tribunal le llamara la atención. No sería el único incidente con el presidente, pues este le reprochó que él mismo haya llamado subvenciones en su declaración a las ayudas, cuando el defiende que no lo son.
Asimismo, a preguntas de su abogado, José Rebollo, se desvinculó de todos los pormenores del sistema de los ERE. Así dijo que «no tuvo conocimiento en ningún momento» de que las ayudas eran entregadas sin procedimiento alguno y sin control posterior. Tampoco sabía que las ayudas se otorgaron a los llamados intrusos, trabajadores que nunca pertenecieron a la empresa que hacía el ERE. «No sabíamos quiénes eran los integrantes de los ERE y mucho menos de las pólizas», igual que desconocían que «no hubiera procedimiento de selección de las aseguradoras». «No sabía que los fondos se usaban para otros fines, eso no lo he sabido hasta el año 2011», sentenció.