El juez exige un nuevo pago de 800.000 euros al Ayuntamiento

La sentencia por el incumplimiento de un convenio urbanístico de 2006 llega en medio de la polémica por las demandas de la Policía

27 jul 2016 / 09:35 h - Actualizado: 27 jul 2016 / 09:35 h.
"Hacienda"

El Consistorio de Bollullos continúa recibiendo deuda sobrevenida por sentencias judiciales, esta vez, con una reclamación de la entidad Loira Promoción y Gestión S.L., por valor de casi 800.000 euros. Según afirma el alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano (IU), «nos esperábamos esta reclamación, igual que nos tememos otras que aún no han llegado».

La empresa demanda la devolución íntegra de los 681.150 euros abonados al Consistorio en concepto de convenios urbanísticos del año 2006. Esta cifra se suma a otras sentencias que ascienden a una cantidad global de seis millones. Algunas de ellas se encuentran en proceso de pago y otras a expensas de la resolución definitiva en los juzgados. Soriano insiste en que estos reclamos son fruto de «las políticas de especulación del PP durante más de 15 años», aludiendo al estado de unas arcas locales «en la más absoluta de las ruinas».

Ante esta situación, el alcalde aprovechó para hacer referencia a la polémica tras las demandas de la Policía Local de Bollullos. A través del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía (Sppme-A), los agentes de Bollullos denunciaron «la desaparición del servicio policial de 24 horas en una de las localidades con más riesgo de robos», la reducción de la plantilla y la «falta de efectivos» para cubrir eventos.

Soriano calificó estas declaraciones de «acto de irresponsabilidad», más asociado a «un trasfondo de aspiraciones económicas». Añadió que tras recibir la nueva deuda que «no sólo nos llegan reclamaciones de convenios urbanísticos del PP y la deuda acumulada, sino que encima la Policía emite unas reclamaciones injustas».

El Consistorio ha hecho frente ya en los últimos meses al pago de 500.000 euros, parte de las cantidades contraídas con las entidades Projisa e Ínsula Maydos y en facturas de cajón, así como 800.000 euros en deuda viva con los bancos. «Todo, a expensas de las deudas que están por caer», sentencia Soriano.