La Ley sobre Propiedad Horizontal no prohíbe la tenencia de animales domésticos en las viviendas, aunque los ayuntamientos sí pueden limitar el número de mascotas que se puede tener en una casa. De esta manera, cuando en una vivienda hay cuatro o más perros, se suele exigir la declaración de núcleo zoológico. Con este requisito se pretende garantizar las correctas condiciones higiénico-sanitarias del lugar donde viven estos animales domésticos.
No obstante, lo único que realmente es necesario para que haya una buena relación entre vecinos es cumplir unas normas básicas de urbanidad y tener respeto por el prójimo. Siguiendo estas dos premisas se pueden evitar los conflictos vecinales.
Los problemas más habituales en las comunidades de propietarios y en los vecindarios son la suciedad que pueden generar las mascotas –excrementos y pipí– y los ruidos, fundamentalmente producidos por los ladridos de los perros, aunque, según el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, José Feria, no es muy frecuente que por estos hechos se presenten denuncias, «aunque sí se suelen producir discusiones».
Admite que las principales diferencias surgen entre los dueños de mascotas que consideran que estas son como de la familia y las personas que no soportan verlas por el edificio. Explica que estas disputas se suelen producir en el momento de utilizar el ascensor, porque hay vecinos que se niegan a montarse con un perro, mientras que el dueño del mismo no entiende esta negativa.
Otros conflictos se deben, según Feria, a los «escapes de pipí y caca en las zonas comunes y por los paseos por las azoteas» de los animales domésticos sin ningún tipo de control por parte de sus propietarios.
La administradora de fincas Eva María Trigueros Romero, de APL Administración de Propiedad Legal, reconoce que en varias comunidades de vecinos en las que ella lleva la administración se está encontrando problemas con propietarios de mascotas que permiten a sus animales hacer pipí en los patios. Manifiesta que esta situación es bastante habitual en algunos edificios en los que incluso ha tenido que poner carteles pidiendo que se respeten las zonas comunes. Pero Trigueros va más allá y afea la actitud de algunos dueños de perros que no impiden que sus mascotas hagan pipí en los ascensores.
Esta administradora de fincas señala que cuando ha sabido qué vecino es el que ha incumplido las normas básicas de convivencia le ha llamado por teléfono para pedirle que sea respetuoso con el resto del vecindario.
Comenta que en los patios o espacios libres de los bloques no es muy habitual que un animal defeque y su dueño no recoja los excrementos: «Es muy excepcional», aunque indica que algún caso sí se ha producido en alguna de las comunidades que representa.
El problema de las molestias de los ruidos, según indica, también es frecuente. Recuerda que recibió quejas de varios vecinos de un bloque de pisos porque otro dejaba solos a dos perros de gran tamaño cuando se iba a trabajar y estos en todo ese tiempo no paraban de ladrar.
Otro problema de convivencia que se produce en las comunidades, según Trigueros, es el momento de compartir el ascensor. Informa de que el propietario de una mascota debe ceder el paso a un vecino que no quiera montarse en el ascensor con el animal de compañía.
Pero los problemas que causan las mascotas, fundamentalmente los perros, no solo se producen en las comunidades de vecinos, también surgen conflictos con los comerciantes. Esta situación se está produciendo en la zona de Pío XII, según el vicepresidente de la Federación de Comerciantes y Pymes Macarena –Pío XII, Cruz Roja, Miraflores y aledaños–, José Manuel Silgo, hay dueños de perros que permiten que sus mascotas hagan sus necesidades en la misma puerta de los comercios, a lo que se une que muchos no recogen los excrementos. Asegura que debido a los propietarios incívicos de animales la «calle Llerena, colindante con Conde Halcón, está muy sucia», a pesar, según reconoce, de que Lipasam sí actúa.
Este problema de los excrementos en las calles que no se recogen ha obligado a muchos ayuntamientos a tomar medidas. Es el caso de Sevilla, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Écija y Utrera, entre otros consistorios, que se han planteado hacer un registro de ADN de los perros para identificarlos y así poder multar a los dueños que incumplan las ordenanzas municipales por no recoger las heces de sus mascotas. Municipios como Tomares, que ha sido galardonado en tres ocasiones por ser un ejemplo por sus esfuerzos en mejorar el servicio de limpieza, se queja de que el problema de las cacas de perros en la calle es un reto que todavía no ha superado, a pesar de las campañas de concienciación que realiza.
