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El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, explica los pormenores del Supera rodeado de varias de sus diputadas. / El Correo
Si no hay Plan Supera V será responsabilidad, «única y exclusivamente», del Gobierno central. Así de rotundo se mostró el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, al explicar que los 60 millones de superávit con los que la institución ha cerrado el ejercicio de 2016 no se podrán aplicar, como hasta ahora, para inversiones financieramente sostenibles.
La culpa la tiene, según explicó Villalobos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque, a pesar de «haber hecho los deberes», es decir, de cumplir la regla de gasto, la ratio de deuda viva o el pago a proveedores, determina que ese montante tiene que ir «directamente a la cuenta corriente de la Diputación». Pero para la institución provincial también existe una «clara falta de voluntad política» por parte del Gobierno central, que ha condicionado esa aplicación del superávit a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): «Lo que pretenden es presionar en ese sentido», asegura el presidente provincial, calificando de «atropello» esta maniobra del Gobierno de Mariano Rajoy.
Y es que, ya en 2014, se dio luz verde a un Real Decreto que permitió invertir el superávit de los ejercicios 2012-2013 en esas inversiones financieramente sostenibles, en aquel momento, por un temporal que había arrasado parte de la cornisa cantábrica. «Si ya se hizo entonces sin necesidad de pasar por el trámite de los presupuestos, ¿por qué no ahora?», se preguntó Villalobos.
Desde la institución consideran «injusto» no poder responder a las necesidades de los vecinos de los 104 municipios de la provincia que se han beneficiado de unos 136 millones de euros destinados a equipamientos, infraestructuras y obras supramunicipales en las cuatro ediciones anteriores del Plan Supera. De hecho, para Villalobos, estos programas provinciales han sido «la única vida que ha entrado en los pueblos en los últimos años».
Para intentar solucionar el asunto, se han mantenido reuniones con el secretario general de Hacienda que, aunque cordiales, «han acabado con un ‘haced todo lo posible por que se aprueben los presupuestos’», afirmó Villalobos. No obstante, la Diputación, que no dejará de «insistir y reclamar», aún tiene esperanzas de que la situación cambie y el Gobierno central acabe rectificando, un supuesto que no les cogerá «a contrapié».
Por eso, desde ya, se insta a los ayuntamientos a que comiencen a redactar los proyectos a los que pretenden destinar esos 60 millones que les esperan, mientras que la institución provincial también comenzará las visitas de rigor para detectar las necesidades de los distintos municipios.
La idea es, por tanto, que cuando el Gobierno central dé el visto bueno, esos proyectos locales estén listos «en tiempo y forma», para que no haya «ni un solo retraso» a la hora de ejecutarlos. «Los plazos se empiezan a reducir y no queremos que se os eche el tiempo encima», señaló Villalobos.