Las nuevas plazas de bombero convocadas por la Mancomunidad del Aljarafe –un jefe de servicio, tres de bombero en turno libre, y cinco de cabos en promoción interna– están en el aire a pesar de las carencias de personal. El Gobierno central ha remitido un «requerimiento» a la entidad supramunicipal solicitando a la mancomunidad que «certifique» que su oferta de empleo público, correspondiente a la primera tanda de plazas de bombero de nueva creación, se atiene «al marco legal», según informó ayer a Europa Press el presidente de este organismo comarcal y alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla (PSOE).
Según Castilla, a través del citado «requerimiento», las autoridades estatales solicitan a la entidad que la Intervención General de la mancomunidad emita un «certificado» que garantice que la mencionada oferta de empleo público «encaja» en los presupuestos generales del Estado (PGE), ya que estos imponen determinadas limitaciones y restricciones en materia de contratación pública.
Castilla manifestó que la mancomunidad está ya preparando su respuesta a dicho requerimiento y recordó que sigue «pendiente» de mantener una reunión con el nuevo delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para demandar que el Estado conceda «una autorización especial» de carácter «extraordinario», que permita a la entidad supramunicipal de convocar y cubrir las nuevas plazas de bombero.
Castilla reconoció que la comarca del Aljarafe afronta un «serio problema» con el servicio de prevención y extinción de incendios de la mancomunidad, marcado por la falta de efectivos y medios técnicos y en el que los bomberos protagonizan una nueva «huelga de celo» al «rechazar los refuerzos» u horas extraordinarias que se les solicita para la doble salida del parque zonal de Mairena del Aljarafe y la apertura del parque de Santiponce, que permanece cerrado desde el pasado 1 de julio.
El presidente de la entidad supramunicipal dijo que comprende las reivindicaciones de la plantilla, pero defendió los esfuerzos de su departamento por sacar adelante las nuevas plazas comprometidas, aunque avisó de que hasta que no haya una solución, pues se teme que el Estado impugne la convocatoria de las nuevas plazas, es necesario «tirar» con los recursos disponibles y afrontar la demanda de servicios mediante refuerzos, es decir horas extraordinarias.
Por su parte, un portavoz de la plantilla de este servicio de bomberos informó de que los bomberos del Aljarafe sufrieron el lunes por la tarde una nueva incidencia, al quedar «averiada» la bomba urbana ligera (BUL) número dos, el vehículo «mejor equipado» del servicio pero con más de diez años de actividad a sus espaldas. Según este portavoz del colectivo, el vehículo sufrió una avería en el viaje de regreso de un incendio de Camas y la dotación pasó «dos horas y media tirada» hasta que la incidencia fue resuelta.
Cabe recordar que en febrero de 2017 la Mancomunidad del Aljarafe y sus bomberos alcanzaron un acuerdo para poner fin a la huelga de celo que protagonizaban los funcionarios en demanda de una ampliación de efectivos acorde al crecimiento de la población de la comarca, pactando la creación de 19 nuevas plazas a lo largo de tres años, para que el número de efectivos creciese de 47 a 66.
No obstante, en 2007, cuando los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe protagonizaron ya un primer conflicto en demanda de la ampliación de plantilla, ambas partes pactaron ya la incorporación de nuevos funcionarios, para que el servicio contase con 65 efectivos, si bien tras aquel acuerdo llegó el desplome de las administraciones públicas como consecuencia de la crisis económica que se asentó en el país.
Y es que el servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe está sostenido por los seis ayuntamientos aljarafeños de municipios con más de 20.000 habitantes y con competencias directas en materia de bomberos, –Mairena, Camas, Coria del Río, Tomares, San Juan de Aznalfarache y Bormujos–, y la Diputación en nombre de los municipios de la zona con menos de 20.000 habitantes y por tanto sin competencia directa en la materia.
Precisamente por ello, para crear las nuevas plazas pactadas en febrero de 2017 fue acordado un desembolso adicional de unos 900.000 euros por parte de los citados ayuntamientos y la Diputación, si bien la promoción de tales plazas se ha demorado al no autorizar las mismas los poderes estatales, dadas las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas.