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El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, junto a un olivo, el árbol que simboliza el campo andaluz. / Pepo Herrera
¿Por qué y para qué nace el PER en los años 80? ¿Cuál era la situación del campo andaluz (y extremeño) entonces?
—El embrión está en los planes de empleo comunitarios de principios de los 80, que no terminaban de responder de forma efectiva a la problemática y la conflictividad social del campo andaluz en aquellos años. Había demasiada mano de obra sin oportunidades de empleo, sujetas a la estacionalidad del campo y sin cobertura alguna. Ahí nace el Plan de Empleo Rural en 1984, planteado como un programa de garantía de rentas para los eventuales agrarios. Se trataba de propiciarles jornales de trabajo a la gente del campo para complementar las peonadas agrícolas y completasen un número total de días trabajados.
—¿Cómo empieza usted su relación con el PER? ¿Desde el principio, desde el diseño del sistema?
—Los primeros años de vida del sistema los paso como alcalde de mi pueblo, en La Roda de Andalucía. Pero fueron aquellos unos años en los que a los primeros pasos del PER le acompañaba la Reforma Agraria que se estaba acometiendo en Andalucía, con Miguel Manaute (primer consejero de Agricultura, 1944-2010) al frente de ese reto. Los recuerdo como una etapa en la que la conflictividad social en los municipios más rurales fue amainando, gracias a las peonadas que venía a proporcionar el PER.
—¿Qué ventajas ha tenido o tiene el PER y cuándo se comenzaron a notar?
—Las ventajas han sido múltiples. De una parte, esa reducción, hasta su total desaparición, de la conectividad social en los municipios más rurales, que tenían en la agricultura su única base de sustento económico. De otro lado, el programa, al ser de inversión en infraestructuras, ha servido para la total transformación de las infraestructuras locales en todos los municipios andaluces. Ha ido, además, transformándose y adaptándose con los años a las necesidades que en cada momento han tenido los Ayuntamientos de cara a seguir prestando a sus vecinos y vecinas los mejores servicios a través de instalaciones de calidad.
—Y los inconvenientes: se le ha acusado de fomentar la pereza, de corromper las relaciones políticas, de instrumento de compra de votos...
—Como todos los sistemas, tiene que tener también sus detractores. Pero hay mucho más de mito que de realidad en eso. Los que critican el PER quieren desprestigiarlo para terminar llegar a su supresión. Pero para desmontar argumentos falaces, que solo buscan ahondar en el tópico que tanto ha perjudicado a esta tierra, doy datos. Entre 2011 y 2015, el gasto del subsidio agrario supuso solo el 4,84 por ciento del total del gasto en prestaciones que tuvo la Seguridad Social y, en beneficiarios, solo el 8,89 por ciento del total de perceptores de alguna prestación lo hicieron a través del subsidio o la renta agraria.
—¿Es justo que se exija un número mínimo de peonadas para acceder a la renta agraria? ¿Es la parte más pervertible del sistema? ¿Cómo se puede solucionar?
—En años en los que el campo genera los jornales suficientes, puede ser de sentido común exigir un número de peonadas. Pero es que ha habido años en los que los jornales agrarios han escaseado y se ha venido exigiendo los mismos requisitos, algo a todas luces injusto. De ahí que en reiteradas ocasiones hayamos insistido en los más de 30 años de vida del sistema que se eliminaran las peonadas en determinados espacios temporales. Pero nunca ha accedido el Gobierno a ello. A lo más que hemos llegado es a exigir 20 peonadas, en lugar de 35, en determinados supuestos. No es más ni menos pervertible el hecho de exigir peonadas. Es más, tras aquellos episodios de fraude, que fueron esporádicos pero que algunos aprovecharon para desprestigiar el conjunto del sistema, esta cuestión ha quedado bastante controlada.
—¿Por qué tiene enemigos el PER?
—Ya le he contestado antes. Porque algunos, alojados en el cliché y el estereotipo, buscan cualquier atisbo de sospecha para generar dudas e interrogantes a un sistema que ha sido modelo para apaciguar la conflictividad social y para modernizar las infraestructuras locales en los municipios andaluces y extremeños.
—30 años después... ¿Suprimiría el PER, lo mantendría en los territorios en los que está implantado o lo exportaría a nuevas realidades, como el envejecido y despoblado campo de Castilla, o a Galicia, Canarias, etcétera?
—El PER respondió a una casuística y a una realidad muy concreta en un momento determinado y, desde ahí, se ha ido transformando. Y la realidad era que en la región que más mano de obra estacional había era en Andalucía, por su estructura de la propiedad agraria y por el olvido secular al que había sido sometida esta tierra. Ahora, el PER continúa mostrándose como un elemento dinamizador de las zonas más rurales, porque es de las pocas inversiones que entran en los pueblos. Por tanto no solo no lo suprimiría, sino que lo potenciaría. Y sobre llevarlo a otras zonas de España, creo que la despoblación rural debe combatirse en otras comunidades con programas específicos que atiendan a la realidad de cada lugar. Extrapolar idénticos sistemas a entornos diferentes nunca ha funcionado en la Historia.
—¿Cómo ha ido evolucionando en 30 años la población rural: hay más gente que antes en el régimen de renta agraria o menos, los jóvenes buscan trabajo en otros lugares?
—En Andalucía, el PER ha servido precisamente para estabilizar la población rural. Para que la gente del campo se quede a vivir allí con niveles de vida dignos y acordes con la sociedad en la que vivimos. Eso sí, es cierto que el sistema en sí ha ido perdiendo suscriptores, primero porque la burbuja inmobiliaria tiró de muchos jornaleros del campo para trabajar en la construcción y, ahora, en estos nuevos tiempos, porque los rigores y exigencias para acceder al subsidio han sido endurecidos.
—Más allá del PER: ¿Cómo se tendría que transformar el campo andaluz o sevillano para que no hiciera falta el subsidio?
—No se trata de transformar solo el campo, sino toda la economía. Tenemos que virar hacia un entorno económico basado en la innovación, que dé aún más relevancia y potencia a nuestro sector agroalimentario. Desde ahí seremos capaces de generar más empleo de calidad, de aumentar nuestras exportaciones y, en definitiva, de transformar nuestros municipios en lugares con mayores oportunidades para todos.
—¿Se han aprovechado las oportunidades de transformación, industrialización, etcétera de los últimos 30 años o el sector agrario sigue teniendo el mismo atraso que en los 80?
—El sector agrario y agroalimentario de nuestra Comunidad Autónoma nada tiene que ver con el de hace ahora 30 años. La transformación ha sido espectacular. De ahí que nuestra renta agraria aumentó el pasado año en Andalucía un 7,1 por ciento respecto a 2015, hasta superar los 8.800 millones de euros. Un repunte de riqueza que vino también acompañado de más empleo en el sector, con un crecimiento del 12,4por ciento respecto a 2015, hasta superar los 246.000 ocupados. Y en clave de empleo, aquí en la provincia de Sevilla, el número de contrataciones en el sector agrícola aumentó un 6,02 por ciento en 2016. Además, en Andalucía, el sector agroalimentario concentra el 24 por ciento del empleo que se genera en toda la malla industrial andaluza. No en vano, Andalucía lideró las ventas nacionales de productos agroalimentarios y bebidas en el exterior en 2016, al alcanzar los 10.028 millones de euros como cifra récord. Y de ese total, Sevilla fue la segunda provincia en exportaciones, con un 25,2 por ciento del total y un crecimiento del 15,9 por ciento.