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Pablo Caballero sostiene el cartel con la foto de su tía Josefa. / Miguel A. Jaramago -
El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, (segundo por la izquierda). / Miguel A. Jaramago
Nadie sabe precisar el día; unos dicen que fue el 17 y otros que el 27. Pero sí es seguro que fue en agosto de 1936, apenas un mes después del golpe de estado franquista que derivó en guerra civil. En Fuentes de Andalucía, un grupo de falangistas acuartelados en el conocido como Cruce de las Monjas, entre la localidad fontaniega y su vecina La Campana, sacó de la cárcel de Fuentes a cinco jóvenes de entre 16 y 23 años, las llevaron al cortijo conocido como El Aguaucho y, tras violarlas, las asesinaron y las arrojaron a un pozo.
«Los autores del vil asesinato se pasearon por el pueblo al día siguiente montados en sus camiones con la ropa íntima de las niñas en el extremo de sus fusiles, diciendo ‘Esta noche hemos tenido carne fresca’», narra Jesús Cerro, presidente de la Asociación por la Memoria Histórica Fontaniega.
Ochenta y un años después de ese luctuoso suceso han empezado los trabajos para localizar y exhumar los restos de las cinco jóvenes vejadas y asesinadas en El Aguaucho. Se llevan a cabo tras una reclamación de los familiares ante la Dirección General de Memoria Democrática, a través de la Asociación por la Memoria Histórica Fontaniega, cuyo presidente ve «la luz tras un trabajo oscuro».
Josefa, María Jesús, Coral, María y Joaquina fueron las mujeres –niñas algunas– asesinadas esa noche de agosto de 1936. Su historia ha sido contada en voz baja durante 81 años. Toda una vida. Sus asesinos alardearon de su crimen pero amenazaban con un «la siguiente puede ser tu hija» a los vecinos si no callaban. «La historia se ha transmitido de madres a hijas, de mujer a mujer», dice Cerro, «porque hay que considerar que, si se persiguió a los hombres, se ejerció más violencia con las mujeres, porque las sometieron a ultrajes a que no se podía someter a los hombres».
Tras la dictadura franquista, esos crímenes siguieron amparados por la ley de Amnistía de la transición, «que hizo tabla rasa con los desmanes de la dictadura», relata Cerro, «hasta que la Ley de Memoria Histórica permite a las asociaciones memorialistas pedir a las administraciones la reparación de las víctimas de la represión». En el caso de las víctimas del Aguaucho, ha sido necesario una petición amparada en un proyecto –la primera solicitud de exhumación fue denegada por la administración en 2013–, la aprobación de familiares de las víctimas, de los ayuntamientos de La Campana y Fuentes de Andalucía, del propietario de la finca, que es privada, y de la Dirección General de Memoria Democrática, que financia el proyecto.
El «sí» del consistorio fontaniego se daba por hecho. El alcalde, Francisco Martínez (NIVA), afirma que su gobierno está «muy implicado en el proceso de recuperación de la memoria histórica», y lamenta «el papel pasivo» que jugaban las administraciones en esta cuestión «no hace tanto». «El Ayuntamiento de Fuentes ha estado desde primera hora, desde 2010, como un miembro más de una comisión que es referente de cómo recuperar la memoria histórica», afirma el regidor.
«Este día tenía que llegar», enfatiza Martínez, para quien es fundamental la reparación moral a las familias «por los daños por el fascismo y la represión». «Vamos a seguir porque esta historia la tienen que conocer las generaciones futuras», asegura, «porque no venimos a abrir heridas, no venimos con rencor ni odio, sino a reparar a familiares, a recuperar la memoria histórica en Fuentes de Andalucía, a descubrir la verdad de los crímenes del Aguaucho».
No va a ser fácil. «Nos encontramos ante un pozo, podrían estar a unos diez metros de distancia y los restos pueden estar en condiciones que no sean óptimas», señala el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, que subraya el carácter simbólico del crimen del Aguaucho, «por su carácter de género, por el tiempo que llevamos esperando y por la colaboración de todas las administraciones públicas» en el proceso.
La arqueóloga Elena Vera y el antropólogo Juan Manuel Guijo son la parte técnica del proyecto. Explican que tras buscar las estructuras antiguas han dado con lo que queda de las cimentaciones del cortijo y el patio donde estaba el macabro pozo. Luego van a ir bajando y ampliando lo excavado hacia los lados hasta llegar al nivel donde imaginan que están los restos de las mujeres asesinadas, entre seis y nueve metros de profundidad. «No sabemos qué podemos encontrarnos», dice Vera, «si están ni en qué condiciones de conservación, porque el agua acelera el proceso de descomposición de todo organismo, también de los huesos».
Para los familiares de las mujeres del Aguaucho es lo de menos. Juan Campos espera que «si están aquí darle por lo menos el descanso que se merecen». Y Pablo Caballero está convencido que «ahí tiene que haber algo». El anciano sostiene una foto de Josefa González, su tía, «asesinada con 18 años», y pide que todo «salga lo mejor posible» y sus muertos descansen en paz. Que, como dice Jesús Cerro, puedan enterrar a sus muertos donde puedan llorarlos y «se cierre de una vez la cicatriz» que llevaba abierta 81 años en el cortijo del Aguaucho.