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Antonio Gutiérrez Limones. / El Correo
El diputado socialista y exalcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, tendrá que comparecer ante el juez del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo para aclarar el «saqueo» detectado en las cuentas de la desaparecida sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM). El magistrado le ha citado a declarar como imputado por los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación el 8 de febrero.
La citación se produce después de que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo abriera una causa contra el parlamentario basándose en la exposición razonada que le había remitido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá tras hallar «indicios de criminalidad» en la actuación del exalcalde con respecto a la citada sociedad municipal.
El juez instructor, que remitió su informe en el mes de junio, recogía las «graves irregularidades penalmente relevantes» que ponían de manifiesto las grabaciones realizadas al contable de la entidad. Se trataba de una serie de «supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública», incluyendo prácticas «irregularidades» con proveedores y clientes, «tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado» o la inclusión de «gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes o cámaras de fotos».
El juez instructor considera que señala que «todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones». Además, destaca que la investigación puso de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM, por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por «Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos».
Las pesquisas revelaron un viaje a Puerto Rico en el que habrían participado el gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembro del consejo de administración de la entidad, Miriam Burgos, con «sus respectivas parejas». El viaje, según los investigadores, «se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur», cuyo administrador habría admitido «la falsedad de la mencionada factura».
A este respecto, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, dijo ayer que esta citación «permitirá que Gutiérrez Limones pueda por fin explicarse ante el juez de unas acusaciones que se plantean y que hasta ahora no ha podido defenderse». Mientras, el PP mostró su confianza en que se pueda «esclarecer el destino» del dinero de los alcalareños.