Inspectores de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se trasladaron a la cárcel de Morón de la Frontera después de que la Oficina del Defensor del Pueblo le instara a investigar «en profundidad» en esta prisión tras detectar la existencia de partes de lesiones que recogen alegaciones donde los internos afirman haber sido agredidos por funcionarios. Así, tras la visita de este grupo de inspectores a la cárcel moronense, queda pendiente la redacción de las conclusiones de ese informe.
Según advierte la Oficina del Defensor en el Informe anual de 2015 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, consultado por Europa Press, durante el pasado año se realizó una visita a la prisión, donde se entrevistó «reservadamente» a una selección de internos que habían sido sometidos a medios coercitivos y que «refirieron haber sufrido malos tratos» con ocasión de su aplicación.
En este sentido, precisa que, durante el examen de documentación en esta cárcel, se detectó además la existencia de partes de lesiones que reflejaban, en el apartado de alegaciones de los internos, que estos afirmaban haber sido agredidos por funcionarios, «a pesar de lo cual no constaban actuaciones» por parte de la institución penitenciaria «para contrastar la veracidad de dichas alegaciones», lo que «fue confirmado por la dirección del centro, que se limita tan solo a remitir los partes de lesiones a la autoridad judicial».
De igual modo, se formuló una segunda sugerencia a fin de que en esta prisión se planificasen acciones integrales con el objetivo de disminuir «los incidentes y la conflictividad existente» y de que se potenciasen los cursos al personal sobre resolución pacífica de conflictos e intervención en crisis y técnicas verbales y no verbales para abortar «episodios incipientes de agresividad sin tener que adoptar medios coercitivos».