El juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra, que investiga las presuntas irregularidades y desvíos detectados en la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, ha citado como investigados al concejal socialista Salvador Escudero, actual segundo teniente de alcalde, y a seis exediles del PSOE de la etapa de Antonio Gutiérrez Limones como regidor, dos de los cuales ocupan actualmente direcciones generales de la Junta de Andalucía. A través de una providencia del 11 de enero y recogida por Europa Press, el juez ordena que el 1 de marzo comparezcan como investigados la que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento durante la etapa de Gutiérrez Limones como alcalde Miriam Burgos, quien actualmente ostenta la dirección general de Personas Mayores y Pensiones de la Junta; la exedil socialista Gloria Marín y el actual segundo teniente de alcalde del Gobierno local, Salvador Escudero.
Para el 2 de marzo, cita como investigados a las exconcejales socialistas Guillermina Navarro, María José Borge y María Dolores Gutiérrez; mientras que para el 3 de marzo convoca, también como investigado, al exedil del PSOE Rafael Chacón, secretario general de la agrupación socialista alcalareña y actual director general de Movilidad de la Junta. Para ese último día, además, está previsto que declare en calidad de investigado, «por videoconferencia desde el juzgado decano de Ronda», un antiguo proveedor de ACM: Jesús Salvador Jurado.
El caso parte de la denuncia elevada a la Fiscalía por las fuerzas de oposición alcalareñas, en junio de 2013, cuando ACM afrontaba su fase de liquidación. Dicha denuncia contendría una grabación sonora en la que una voz que los denunciantes identifican con la del contable de la sociedad, Javier Luque, en la que hablaría de la supuesta financiación de gastos privados y particulares con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el exalcalde Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio de la grabación.
Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación judicial, incluirían supuestamente «viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o EEUU», «una operación quirúrgica» a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o «regalos». El Gobierno local socialista ha negado en todo momento que hayan mediado prácticas delictivas en la gestión de la empresa.
De hecho, la portavoz del Gobierno local, Elena Álvarez, expuso ayer que esta última providencia es un «acto de trámite procesal», asegurando que en dicha citación «no se imputa ningún delito concreto a las personas notificadas». Así, apostó por «esperar a que concluya la instrucción para que se esclarezcan los hechos y para que se concrete si existe algún tipo de responsabilidad».
Pero eso no ha frenado la olea de reacciones. El PP, a través de su presidente en Sevilla Juan Bueno, pidió la «comparecencia urgente» de los consejeros de Fomento, Felipe López, y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para que informen sobre la citación como investigados de Rafael Chacón y Miriam Burgos, actuales cargos en sus departamentos. Mientras, el PA ha instado a la alcaldesa «a ejecutar de inmediato el acuerdo plenario que, a propuesta andalucista, acordó la personación del Consistorio en la causa y la creación de una comisión de investigación política municipal para depurar responsabilidades políticas.