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El recinto ferial de Isla Mayor fue construido sobre suelo rústico, aunque la previsión era recalificar esos terrenos. / El Correo
El Ayuntamiento de Isla Mayor ha abierto una comisión informativa para investigar si se produjo prevaricación en la construcción del recinto ferial que da la bienvenida a los visitantes a la entrada del municipio, después de que el pleno municipal diese el visto bueno a la propuesta realizada por el (único) concejal del PP, Rafael Martínez. El edificio, de 1.500 metros cuadrados, fue construido a principios de la crisis y en él se invirtió cerca de medio millón de euros gracias a varios programas de fondos, concretamente del Plan Proteja.
La investigación se ha abierto a raíz del requerimiento de la familia Cambau, propietaria real de los terrenos. La parcela donde se ubica el recinto ferial es suelo rústico (concretamente una parcela de arroz), pero el Ayuntamiento –entonces dirigido por Izquierda Unida– firmó un acuerdo con la familia para que ésta la cediera este terreno con el fin de reurbanizarlo a partir de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). El convenio recogía que los Cambau cedían los terrenos por un periodo de diez años y que, en caso de que no se llevase a cabo la reordenación urbanística, éstos debería devolverse «en el mismo estado» en el que se entregaron, explica el actual alcalde de Isla Mayor, el socialista Juan Molero.
El acuerdo entre ambas partes se selló en 2007 y al poco tiempo la Junta estancó el desarrollo del plan urbanístico. El recinto ferial se construyó igualmente. Para ello emplearon hasta tres programas de fondos públicos. «Un primero para la urbanización de los terrenos, en el que se invirtió 115.000 euros. Otro de 250.000 euros para la construcción de la nave; y un tercero, por valor de 45.000 euros, para adecentar el acceso» de una recinto ferial que nunca se ha utilizado (ni se ha inaugurado) para ese fin y que ahora se usa «como almacén municipal; concretamente para las carrozas de la cabalgata», detalla Molero.
En la primera reunión de la comisión, el edil de Izquierda Unida –y alcalde durante la época en la que se construyó la infraestructura– Ángel García Espuny aseguró contar con todos los permisos del arquitecto técnico, ya que el objetivo era recalificar estos suelos, pero «el problema está en construir bajo la premisa del futurible», matiza Molero. Por ello, la comisión quiere saber si la construcción se ejecutó pese a que el PGOU quedó paralizado, además de aclarar si el citado suelo es o no rústico.
Pasada la década marcada por el convenio, y visto que no se ha llevado a cabo la recalificación, la familia reclama la devolución del suelo. El problema es que el Ayuntamiento debería hacerlo en el mismo estado en el que lo recepcionó; es decir, sin recinto ferial, «lo que supondría una pérdida de más de 400.000 euros para el municipio», explica el alcalde. Aunque podría ser mayor en el caso de que la familia lleve el asunto a los tribunales, ya que podrían obligar al Ayuntamiento a demoler el edificio. La otra opción sería expropiar los terrenos o, incluso, comprarlos –lo que tendría un coste añadido para el Consistorio–