«No soy pescador, ni me enfundo ese mono con parches intentando impedir que las gélidas aguas de los canales castiguen mis ya maltrechos huesos. Yo no conduzco intentando llegar a esos kilos para volver con algo de pan a mi hogar. No tengo que decidir entre secarme el sudor de la frente o ahuyentar las nubes de mosquitos que se soportan en las marismas del Bajo Guadalquivir. Yo no puedo enseñar a nadie lo que es, tras 16 horas de infatigable trabajo, volver a casa con mis bolsillos vacíos. No llego con mis manos agrietadas, ni con la duda de saber si el precio del kilo me dará lo suficiente para seguir tirando», fue el relato de Jorge Ibáñez Ruiz, uno de los más de mil isleños que ayer recorrieron las calles de Isla Mayor bajo el chirimiri para pedir impunidad para el cangrejo rojo.

Una industria que ahora depende de que la Junta de Andalucía apruebe cuanto antes el plan de control de la población de este crustáceo que permitiría hacer oídos sordos a la sentencia del Supremo que prohíbe su pesca y comercialización. Documento que está en fase de borrador entre las manos de las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y del que todavía se desconoce cuándo será una realidad.

Por ello, el presidente de la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), Valentín Murillo, entre otros, urgió al Gobierno de la región a dar el paso definitivo y poner ya en marcha este plan que supondría la supervivencia del cangrejo.

No faltaron pescadores ni empresarios, pero tampoco los vecinos que se asomaron a las puertas ni los niños, que llegaron a pintar colgantes con la imagen del ya famoso cangrejo para que los manifestantes protestaran con ellos colgados. Junto a los isleños, muchos de ellos ataviados con sus uniformes de trabajo, representantes de organizaciones agrarias, como UPA, sindicatos y políticos de todos los colores. Como los socialistas Conchi Ufano, José Muñoz y José Manuel Girela –diputado por Sevilla en el Congreso–, el popular Ricardo Tardo o el diputado de Izquierda Unida Manuel Begines. Además, también acompañaron al alcalde de Isla Mayor, el socialista Juan Molero, sus homólogos en Villamanrique y Los Palacios y Villafranca, José Solís y Juan Manuel Valle, cuyos pueblos también sufrirán si se paraliza la industria del cangrejo rojo.

Crustáceo que premeditamente invadió los canales isleños para emplear a cientos de vecinos de un pueblo que en los años 70 solo vivía del arroz y que hoy es sinónimo de una industria que genera 200.000 jornales al año y un volumen de negocio de 20 millones de euros. Por eso, Ibáñez instó «a los señores del Tribunal Supremo y Ecologistas en Acción» a salir de sus «despachos climatizados», bajar «las posaderas de esos mullidos sillones» e ir (a Isla Mayor) a ver lo que con su «desconocimiento e ignorancia» están a punto de hacerle a más de 400 familias, entre pescadores y trabajadores que viven de la transformación del cangrejo rojo.

Esta no es la primera vez que Isla Mayor sale a la calle a defender su economía. En su día sacó medio millar de tractores para decir un sonoro no al dragado que perjudicaría al cultivo del arroz.

Y la de ayer tampoco será la primera muestra de rechazo a la decisión del Supremo. Si en dos semanas los tribunales o la Junta de Andalucía no dan luz verde a la continuidad de la industria, los isleños están dispuestos a manifestarse en la capital andaluza, «ante el Parlamento andaluz o ante Medio Ambiente», puntualiza Molero. Mientras tanto habrá que esperar a que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el incidente de nulidad presentado por los empresarios a la sentencia que veta la industria y que ya ha admitido a trámite.