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En el centro, el presidente de la Diputación durante el pleno de ayer. / El Correo
El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido ayer en sesión ordinaria, aprobó una moción del grupo socialista que insta al Gobierno central del PP a que los nuevos presupuestos generales del Estado (PGE), merced al Pacto estatal contra la Violencia de Género, incluyan «vía transferencia» un incremento anual de cien millones de euros para las comunidades autónomas y de 20 millones para los ayuntamientos.
La moción contó con el apoyo de los diputados del PSOE, IU y Participa, la abstención del diputado de Ciudadanos y el voto contrario del PP, toda vez que durante el debate plenario, los socialistas avisaron de que el Gobierno central de Mariano Rajoy ha «incumplido» sus compromisos respecto a la financiación de las políticas encuadradas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Dicho pacto comprendía un total de 200 millones, de los que 120 de ellos irían destinados a las comunidades autónomas, 80 al Estado central y otros 20 a los ayuntamientos, ya que los PGE de 2018 habrían contemplado el dinero correspondiente a las autonomías y los municipios vía sistema de financiación autonómica pero no mediante una partida específica y directa.
Dado el caso, desde las filas de IU y Participa criticaron que el Gobierno central deje este pacto en «papel mojado», mientras desde Ciudadanos se avisó de que la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí está recogida en los PGE, aunque con el matiz ya descrito.
Por el PP, la diputada y portavoz, Virginia Pérez, redundó en que el dinero está contemplado «hasta el último céntimo», aunque no en la modalidad de «transferencias específicas y finalistas», por lo que invitó al PSOE a promover enmiendas a los PGE. A su juicio, el PSOE se vale de «excusas» como esta, sólo para no apoyar las cuentas de 2018.
No fue aprobado una moción del grupo popular después matizada por una enmienda de Ciudadanos, que instaba a la Junta a promover toda una serie de medidas en favor de los trabajadores autónomos, como una «tarifa plana» mediante la cual las nuevas altas de familiares colaboradores sólo pagasen el 20 por ciento de la cuota de la RETA durante el primer año, gracias a incentivos autonómicos que complementasen las bonificaciones estatales. Aunque no salió adelante la moción, todos los grupos manifestaron su respaldo a los autónomos.
Sí prosperó una moción de Cs en la que se insta al Gobierno de la propia Diputación a incluir como criterio en sus pliegos de contratación la «inexistencia de brecha salarial» de género en los adjudicatarios y a que dicho aspecto figure como «condición especial de la ejecución del contrato».