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Edificio de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán que será demolido. / Inma Flores
El edificio de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán tiene los días contados. Si todos los plazos se cumplen, el inmueble estará demolido para el mes de octubre, cumpliendo así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenó derribar este inmueble levantado por el Ayuntamiento de la localidad cuando estaba en manos del PSOE, la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe y la Consejería de Empleo. Esta orden se deriva del recurso presentado por un colectivo de vecinos contra el proyecto porque se había levantado en una zona calificada como Suelo de Interés Público y Social (SIPS).
Un fallo del TSJA de 2012 consideró ilegal el edificio, pero la Junta de Andalucía presentó un recurso de casación ante el Supremo, que confirmó el fallo en 2014 y condenó a pagar las costas a la administración andaluza, aunque el Consistorio es el que debe ejecutar el trabajo.
De este modo, para acatar la orden del TSJA, el pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán aprobó el día 1 dar el visto bueno para contratar la demolición del edificio, una orden que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del miércoles.
Las empresas que estén interesadas en acometer estos trabajos, cuantificados en 198.000 euros, tienen un plazo de 20 días hábiles desde el miércoles para presentar sus ofertas. El Consistorio especifica que el criterio de adjudicación será para la propuesta más ventajosa económicamente, «pero nunca se optará por una baja temeraria», aclara el alcalde actual, Tasio Oliver (IU).
Además, en el anuncio del BOP se establece que el tiempo para ejecutar la demolición es de tres meses, con lo cual Oliver confía en que como muy tarde el edificio estará demolido para octubre.
Por el momento, el Ayuntamiento está corriendo con todos los gastos que ha supuesto hacer frente a la sentencia del TSJA, solo la Diputación de Sevilla ha prestado ayuda al Consistorio al elaborar el proyecto de demolición, pero el regidor está dispuesto a que la Administración autonómica, «la demandada y sentenciada» corra con, al menos, la mitad de todos los gastos. Oliver aclara que, de momento, no se ha reclamado a la Junta cantidad alguna, «estamos esperando a adjudicar las obras para saber a ciencia cierta qué dinero tenemos que solicitar a la administración andaluza».
La demolición finalmente solo afectará al edificio de la escuela, salvándose las zonas deportivas que se construyeron junto al inmueble. La parcela que quede libre tras la desaparición de la escuela de hostelería será una zona libre. Esta, según explica el regidor, se adecuará para lo que digan los vecinos –siempre que se cumpla la ley–, para lo que se abrirá un periodo de consultas.
La escuela de hostelería se levantó en una parcela de unos 2.000 metros cuadrados, un espacio que estaba calificado como libre, de parques y jardines, en el que solo se permitía ocupar un pequeño espacio para equipamientos o un sistema de interés público social.
Fueron los vecinos más cercanos a este inmueble los que denunciaron la construcción, primero se dirigieron al Ayuntamiento, al Defensor del Pueblo andaluz y a la Junta de Andalucía, pero al no ser atendidas sus demandas y seguir la obra hacia arriba decidieron acudir a los tribunales, que finalmente dieron la razón a los ciudadanos.