La familia de la joven de Olivares asesinada el pasado 16 de octubre por su pareja ha emprendido las gestiones destinadas a la repatriación del cadáver a la República Dominicana, el país del que proceden tanto la víctima mortal del crimen como el presunto agresor, actualmente en prisión. El alcalde de Olivares, Isidoro Ramos (PSOE), ha informado de que hasta el municipio han llegado “dos primas” de la víctima mortal del crimen, una de ellas llegada desde Suiza y la otra “desde Italia”, y de hecho ya se ha celebrado una reunión con representantes del Consulado de la República Dominicana en Sevilla, al objeto de avanzar en los trámites administrativos necesarios para repatriar el cadáver.
“La intención de la familia es repatriar el cadáver y el Ayuntamiento va a colaborar”, ha dicho el alcalde, antes de anunciar directamente que el Consistorio de Olivares va a “sufragar los gastos de la repatriación”. En cuanto a los dos hijos menores que compartían la víctima y el presunto autor del crimen, ha expuesto que por la información con la que cuenta, están en un centro de acogida, “tutelados” por la Junta de Andalucía.
Los hechos acontecieron el pasado 16 de octubre, en el domicilio de una mujer mayor en la que ella trabajaba como cuidadora, en la calle Primero de Mayo de Olivares. Allí, J.M.R.M. habría apuñalado mortalmente a su pareja, Estefany María González, de 26 años y con dos hijos a su cargo, siendo posteriormente detenido. Un mes antes, la mujer había acudido al cuartel de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor para denunciar que, ya entonces, había sido agredida por su marido, tras lo que los agentes detuvieron a éste dos horas más tarde, poniéndolo a disposición judicial.
En este sentido, y según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la mujer denunció los supuestos malos tratos, al mismo tiempo que solicitó una orden de protección. La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor, no obstante, denegó la orden de protección solicitada por la mujer, una medida a la que el Ministerio Fiscal también se opuso ya que el informe de las fuerzas de seguridad “era de riesgo no apreciado”, no constando más denuncias de la víctima.