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El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. M.G.
La Fiscalía ha elevado un escrito al Juzgado mixto número siete de Dos Hermanas (Sevilla), que investiga una denuncia por presunto chantaje al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, manifestando que no se opone a archivar las diligencias respecto al empresario y militante popular Emilio Maya, que rechaza sobreseer las actuaciones respecto al expresidente local del PP Manuel Alcocer y solicitando al juez instructor que «valore» la posibilidad de investigar al alcalde de Dos Hermanas, el veterano socialista Francisco Toscano.
En la causa, como se ha informado, están investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el presidente de NNGG de Andalucía, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona «interpuesta» en las citadas y presuntas coacciones; y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.
En ese sentido, la representación de Manuel Alcocer ha solicitado al juez instructor el archivo de las actuaciones respecto a este expresidente del PP de Dos Hermanas, bajo la premisa de que de las diligencias judiciales «no se desprende participación alguna» del mismo, porque tras la «cuantiosa actividad instructora, su nombre ni siquiera aparece reflejado, evidenciando la inexistencia de ningún indicio de responsabilidad penal». En el caso de Emilio Maya, su representación judicial esgrime que «no aparece debidamente justificada su participación en ningún hecho delictivo de los que se investigan en el procedimiento».
Frente a estas peticiones, la fiscal del caso ha elevado al juez instructor un escrito recogido por Europa Press y en el que manifiesta que no se opone a «la solicitud de archivo provisional del procedimiento respecto a Emilio Maya, por cuanto no existen suficientes indicios de criminalidad para mantener su implicación en los hechos investigados».
EL PAPEL DE ALCOCER
Respecto a la petición de Manuel Alcocer, la fiscal se opone a sobreseer las actuaciones en su contra, porque «existen suficientes indicios para mantener que el investigado ha participado en los hechos objeto del presente procedimiento», pues ha quedado «debidamente acreditado» que «la grabación con la que se ha extorsionado a la víctima y en la que ésta aparece en postura innegable de consumo de sustancias estupefacientes, se realiza en compañía de Manuel Alcocer y en lo que era su despacho, al menos desde luego instalaciones de su propiedad».
Así, no confía la Fiscalía en la versión de Alcocer, según el cual «fueron personas desconocidas y en un descuido de los participantes, los que instalaron cámaras o grabaron (la escena), para luego hacerse con esas grabaciones sin ningún tipo de conocimiento ni control del propietario del recinto y participante del vídeo» usado para reclamar a Manuel Varela que retirase su candidatura a la Alcaldía nazarena por C’s, bajo la presunta amenaza de difundir dicho vídeo.
La Fiscalía sí está de acuerdo con Alcocer en cuanto al «trasfondo de guerras políticas entre unos y otros», opinando que «los hechos investigados no se llevaron a cabo sólo atendiendo a motivaciones o escarnios personales, sino que responden a una contienda política de gran dureza». «Los hechos se llevaron a cabo con clara intencionalidad política», señala la Fiscalía recordando que el presunto chantaje a Manuel Varela habría acontecido la jornada de reflexión de las elecciones municipales de 2015.
Al punto, la fiscal ve «datos objetivos e indubitados de los que se deduce la implicación de la otra fuerza política implicada en estos hechos, que gobierna el Ayuntamiento de Dos Hermanas», en referencia al PSOE y dado el «tránsito de llamadas» entre el concejal socialista Agustín Morón y el periodista José Luis Olivares, quien habría mostrado el vídeo a Varela, «en los momentos inmediatamente anteriores y posteriores a la realización de las llamadas y exhibición del vídeo de la extorsión», toda vez que las llamadas en las que se trasladaría la amenaza habrían sido emitidas «desde un terminal telefónico perteneciente a la corporación local».
«Es difícil mantener la creencia de que estos hechos se llevaran a cabo a espaldas y sin el más mínimo conocimiento ni control del máximo representante de esta formación política y de la corporación local», considera la fiscal, que entiende que «debe valorarse que las manifestaciones del señor Toscano (por el alcalde, quien ya ha comparecido como testigo), deben ser prestadas en condición de investigado, a fin de que él mismo pueda hacer uso de los derechos constitucionales y procesales que le corresponden».
Finalmente, la fiscal concuerda con la representación de Agustín Morón en cuanto a proteger y respetar «la imagen y dignidad» de las personas afectadas por la investigación y evitar que la misma «pueda ser utilizada como arma de desgaste político».