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Antonio Cano Luis, exalcalde socialista de Carmona. / El Correo
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado un año de cárcel para el exalcalde de Carmona Antonio Cano Luis (PSOE) y siete concejales de la corporación municipal por conceder en el año 2010 una licencia «ilegal» de obras y suministro de agua en una urbanización del municipio pese a la existencia de informes técnicos y jurídicos tanto municipales como de la Junta de Andalucía contrarios a dicha concesión.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama para los ocho encausados un año de prisión y diez años de inhabilitación especial para cargo o empleo público municipal y cualquiera que tenga relación con el urbanismo a cuenta de un presunto delito contra la ordenación del territorio por prevaricación.
La Fiscalía asevera que a pesar de «la claridad» de los informes técnicos y jurídicos «advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia para legalizar algo incompatible con la ley», la Junta de Gobierno local constituida por los acusados, «sin justificar siquiera por qué se apartaba del claro criterio de los técnicos y de la normativa legal y reglamentaria, concedió la licencia».
«Los acusados eran conscientes de la arbitrariedad de su decisión de autorizar obras totalmente incompatibles con la normativa vigente», pone de manifiesto el Ministerio Público.
La Fiscalía relata que fue el 27 de enero de 2010 cuando el representante de la comunidad de propietarios de la urbanización Las Monjas solicitó en el Ayuntamiento de Carmona licencia provisional de obras y suministro de agua en la urbanización, para lo que aportó un informe jurídico y el proyecto de ingeniería para las obras proyectadas de ejecución y conexión de una red de agua potable, de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Según expone, a los acusados, «autoridades municipales competentes para la autorización pretendida», les constaba en el expediente municipal hecho para tramitar la licencia un informe técnico del arquitecto en el que les indicaba que la licencia pretendida era «inviable» pues las obras que solicitaba la comunidad de propietarios «no eran provisionales en el sentido jurídicamente relevante de ser fácilmente desmontables».
En efecto, la Fiscalía asevera que «las obras proyectadas eran de gran enjundia y baste atender a que estaban presupuestadas en 922.619 euros», añadiendo que el arquitecto municipal «informaba de modo tajante a los miembros de la Corporación de la manifiesta ilegalidad de la licencia, citando la normativa que se incumpliría, sin el menor atisbo de duda».