Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía dan la razón al Ayuntamiento de Écija en su litigio contra Dragados, la empresa adjudicataria de la reconstrucción de la Casa Consistorial, y a la que el consistorio acusaba de no cumplir los plazos de la obra.
En julio del año pasado, un año después de adjudicada la obra, el Gobierno local (PSOE) pedía a la Junta de Andalucía – responsable de la adjudicación del proyecto – que rescindiera el contrato con Dragados, al entender que había motivos para ello, “por incumplimiento de la empresa”.
A un año del inicio de la reconstrucción del edificio, no se había ejecutado “ni un 5% del total”, según el Gobierno local, de un proyecto que debía estar terminado para septiembre de 2019. Dragados – que se adjudicó el contrato con una rebaja de 1,5 millones sobre el presupuesto de salida – solamente había presentado tras doce meses una certificación de obras por menos de 30.000 euros.
Ahora, “tras un proceso lento como suele ser en administración”, reconoce el alcalde de Écija, David García Ostos, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía dan la razón al Ayuntamiento ecijano en su postura de que “se dan las circunstancias para rescindir” el contrato con la multinacional.
Rescindir rápido para volver a adjudicar a tiempo
“La rescisión ya se tiene que llevar a cabo”, resume García Ostos, que confía que el proceso “sea normalizado”. “Espero que Dragados al menos sepa irse”, ironiza el regidor, “y a partir de la rescisión tenemos el compromiso de la Junta de que, tras unas pequeñas modificaciones en el proyecto, que no son de relevancia, se pueda llegar otra vez al inicio y a abrir un concurso público y de adjudicación” de la obra de la Casa Consistorial.
García Ostos afirma que “tenemos muchas ganas que se firme la rescisión del contrato y que Dragados se venga por donde ha venido. Estamos en una obra en parte financiada con fondos europeos y el marco se acaba”, señala el regidor, para apuntar que la nueva adjudicación debe hacerse dentro de un plazo para no perder la financiación europea.
“Estaremos vigilantes y en colaboración con la Junta para que se haga esa pequeña modificación en el proyecto y que salga a concurso”, apunta García Ostos, que no descarta pedir daños por el retraso injustificado en la obra, aunque estima que “lo importante es que el contrato se rescinda porque eso implica, entre otras cuestiones, que se pueda hacer un nuevo concurso, que es lo que a nosotros nos interesa. Cuando llegue el momento, si, a la hora de irse, Dragados no lo hiciera en condiciones, pondremos en la lista de agravios que tenemos que pedirle responsabilidad”.