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El peaje entre Sevilla y Cádiz será de pago hasta 2019. / Paco Cazalla
La pelea dialéctica entre la Junta y el Estado sobre el futuro de la explotación de la AP-4, único eje de comunicación de alta capacidad entre las provincias de Sevilla y Cádiz, se trasladó ayer al pleno del Parlamento andaluz, donde el grupo socialista reclamó al Gobierno central que acabe con el «castigo» del peaje. No sólo por el coste que implica para los usuarios, sino el lastre que supone para el desarrollo económico de la zona, sobre todo de la provincia de Cádiz, como apuntó el consejero de Fomento, Felipe López. Un argumento que ejemplificó a la perfección el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, al explicar que el coste mensual del peaje para un autónomo que utilice diariamente la AP-4 es superior a 200 euros, «casi la cuota de autónomo».
Desde la Junta exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy «el mismo trato» que ha tenido Galicia, después de que el Estado asumiera en julio los costes de la AP-9, «ahorrándole a la Xunta el desembolso de 200 millones de euros», mientras que «para colmo» aumentaba en un dos por ciento el peaje entre Sevilla y Cádiz. «Los ciudadanos no pueden entender que el tratamiento a Andalucía sea diferente al otorgado a otro territorio», apuntó López.
El titular de Fomento criticó la «ambigüedad calculada» del Gobierno de España al plantear el fin del peaje en 2019 y cómo se sufragarán los costes de explotación. Al respecto, el portavoz del grupo popular, Juan Bueno, dejó claro que el peaje «no se va a prorrogar cuando finalice» y reprobó a la Junta el hecho «oportunista» de llevar el asunto a pleno cuando «jamás ha hecho nada por la liberalización del peaje».
La portavoz de IULV-CA, Inmaculada Nieto, coincidió en que la infraestructura está más que amortizada, tanto que «el pueblo andaluz podría estar sentado en el consejo de administración de la compañía». Además, apuntó que la prolongación del peaje convierte la N-IV en una vía «muy insegura», opinión que avalan el centenar de muertes que se han producido en esta carretera, la mayoría de ellas provocadas por accidentes con camiones.
Podemos coincidió con la Junta en que no se deben renovar las concesiones. Sin embargo, la portavoz del grupo, Carmen Molina, apuntó que el debate de cómo se va a gestionar el mantenimiento de la vía debe comenzar en el momento en el que se liberalice AP-4.
El consejero de Fomento recordó que la Junta «va a defender esta postura por todas las vías», por lo que los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrir la última prórroga de la concesión de la autopista, que fijó el plazo en 50 años, hasta final de 2019, así como la devolución de los más de 100 millones de euros que invirtió en la liberalización del tramo entre Puerto Real y Jerez de la Frontera.
A lo largo de sus intervenciones, todos los portavoces de la oposición recalcaron en sus discursos el oportunismo político del gobierno de la Junta por llevar al Parlamento un asunto que ningún gobierno socialista afrontó cuando dirigían el país. Asimismo reprocharon al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no estar presente en el debate después de vincular el fin del peaje entre Sevilla y Cádiz a su acceso como presidente de la Junta.