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Javier Carnero junto a Susana Díaz. / E.P.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, anunció ayer que los cursos de formación para desempleados ya se han iniciado en las ocho provincias andaluzas después de seis años de parón. Serán 1.523 acciones formativas que beneficiarán a 22.845 parados. Serán 343 entidades las que impartan los cursos, que cuentan con un presupuesto de 64,9 millones, «recuperamos una herramienta fundamental para mejorar la capacitación y la empleabilidad de los desempleados andaluces, cuyas convocatorias se paralizaron «fundamentalmente por la campaña de judicialización emprendida y que puso en cuestión el destino de los fondos», reconoció ayer Carnero.
La política andaluza de formación para el empleo, que en años anteriores a la crisis movió muchísimo dinero público, quedó estancada cuando en 2011 una investigación policial y judicial detectó posibles irregularidades en el uso de estos fondos. La Junta ordenó paralizar los cursos y abrió una investigación interna que le llevó a revisar, uno a uno, los más de 8.000 expedientes de ayudas otorgadas entre 2007 y 2012. El caso también llegó al Parlamento tras aprobarse la creación de una comisión de investigación en la que declararon varios altos cargos, exconsejeros, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la propia Susana Díaz
Con el objetivo de evitar nuevas irregularidades, la Junta ha diseñado esta nueva convocatoria con medidas antifraude. De este modo, se han incorporado criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas. También establecen una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25 por ciento de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35 una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 restante tras la justificación total de la subvención concedida.
Con la nueva normativa, la concesión y los pagos se han sometido a las máximas garantías de control con un procedimiento de fiscalización previa, la justificación final de las subvenciones se realiza mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor y que las entidades beneficiarias están debidamente acreditadas para impartir la formación para el empleo, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.
Carnero recordó que la «formación para el empleo es un instrumento al servicio de la mejora de la competitividad de las empresas y del impulso de sectores productivos dentro de una estrategia de desarrollo económico de Andalucía» .
La Consejería de Empleo anunció que el diseño de la nueva convocatoria va en consonancia con las demandas de los distintos sectores productivos para que sean útiles en el aumento de la competitividad de las empresas. Así, destacan la aeronáutica, la soldadura naval, la dependencia o las energías renovables como algunas de las especialidades que se ofertarán.