La Universidad Loyola Andalucía inauguró ayer el curso académico 2016-2017 en un año que, según recordó su rector, Gabriel Pérez Alcalá, supondrá el primer ejercicio «post-Abengoa» a partir del cual, dado el proceso de reestructuración que sufre la multinacional sevillana, la sede académica encara los próximos años «sin contar con la generosa ayuda que, en todos los sentidos, nos prestaba».
Asimismo, durante el acto de inauguración, que tuvo lugar en el edificio central del Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, en la localidad de Dos Hermanas –con lo que se visualizó el apoyo a una sede y un municipio que, según expuso a Europa Press el propio Pérez Alcalá, comenzará ya desde este curso a albergar oferta de másters ante la falta de espacio en el complejo de Palmas Altas–, no han faltado las críticas hacia la «incertidumbre» propiciada por la Junta de Andalucía a la hora de tramitar los títulos de la institución.
«Siento decirlo», aseguró el rector de Loyola, que lamentó que, por tercer año en algunos másters y segundo en algunos grados, no se haya autorizado la implantación de algunos programas verificados por el Consejo de Universidades, con el consiguiente «perjuicio» y la generación de «una inseguridad jurídica e incertidumbre paralizante que entorpece nuestra actividad».
Pérez Alcalá, de hecho, aseveró que quiere pensar que ello no obedece a ningún «prejuicio ideológico, discrecionalidad o vulneración normativa» y sí, en todo caso, al «natural desconcierto» ante una «realidad nueva», la de una universidad privada que trata con una administración que sólo ha gestionado sedes públicas. Y es que, insiste, «no alcanzo a comprender qué mal hacemos en Andalucía salvando 140 puestos en Córdoba y creando 220 en Sevilla, invirtiendo en economía del conocimiento, con una fundación civil que da más de un millón de euros en becas, con más de 200 estudiantes extranjeros y paseando el nombre de Andalucía por todo el mundo».