La mina de Aznalcóllar solo se reabrirá «con todos los controles»

En declaraciones a los periodistas durante la visita al Corredor Verde del Guadiamar, coincidiendo además con el XV aniversario de su declaración como paisaje protegido y junto a la nueva directora del CSIC Andalucía, Margarita Paneque; la delegada del Gobierno en Sevilla, Esther Gil; y el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, el consejero señaló que «una empresa tiene adjudicados los derechos mineros y pretende abrirla y el Ayuntamiento está por la labor de reabrirla». «No sé si reabrirá o no, pero si se reabre será después de pasar todos los controles ambientales que estamos obligados a hacer. Ahora se está tramitando la autorización ambiental, incluso la empresa dice que vamos muy lentos, pero no hay más remedio para mirar con lupa cualquier cuestión», subrayó.

El consejero apuntó también que la minería del siglo XXI «no tiene nada que ver con la que se practicaba en el siglo XX y XIX» e insistió en que «la normativa ahora es más estricta, con mayores exigencias y muy vigilantes para que esto no ocurra».

«Las propias empresas mineras que se instalan en Andalucía dicen que no hay ninguna comunidad europea que tenga una normativa tan exigente en esta materia. Es una actividad legal, regulada y hay que vigilar y eso es lo que hace la Junta», explicó Fiscal, quien puso como ejemplo de los avances en la normativa el hecho de que las empresas ahora tienen que depositar una fianza por si hubiera un desastre.

Al hilo de esto, a preguntas de los periodistas sobre la responsabilidad penal de la empresa Boliden en el vertido tóxico de hace 20 años, el consejero reconoció que «todavía se está dirimiendo». «Me parece que 20 años después estas cuestiones deberían quedar claras y la empresa responsable última y principal debería haber pagado», subrayó. Sin embargo, manifestó que «no ha sido así», aunque espera «que lo sea y el menor plazo posible» porque «quien corrió con la mayor parte de los gastos fue la Junta».

En concreto, detalló que la Junta ha invertido 165 millones de euros para la restauración de este paraje natural, un montante que asciende a lo que sería el presupuesto del plan Infoca para un año, según precisó. «Queda mucho por hacer, pero se ha hecho muchísimo», apuntó el consejero, quien aseguró que la restauración de esta zona ha sido tomada «como ejemplo» en otros lugares del mundo por la capacidad de «cambiar un paisaje calcinado por lodos tóxicos y agua agria, en un vergel».

Entre lo que queda por hacer, llamó la atención sobre la vigilancia en la zona para que ver dónde los metales pesados que se vertieron en el cauce del Guadiamar, aunque se retiraron en su mayor parte, afloran en el entorno. «Queda seguir otorgando a esta zona la importancia que tiene y ofrecerla como uno de los corredores verdes más importantes que hay en Andalucía», apuntó el consejero, quien aseguró que este espacio «está mejor que antes del desastre».

El titular de Medio Ambiente de la Junta destacó que este lugar se ha convertido, desde que se produjera el accidente en 1998, en un laboratorio natural, tanto por la desaparición de la contaminación como por lograr mejores condiciones ecológicas, al haberse fomentado hábitats originarios que se perdieron por la actividad agrícola.

El Gobierno andaluz impulsó un plan de regeneración, forestación y restauración hidrológica-forestal de los suelos. Fue decisiva la plantación de 1,7 millones de árboles y arbustos diferentes, desde los característicos del monte mediterráneo al bosque de ribera pasando por los ecosistemas marismeños.

Las actuaciones realizadas han repercutido positivamente en la calidad de las aguas que abastecen los espacios protegidos de Doñana y del estuario del Guadalquivir, así como crear un pasillo natural de más de 60 kilómetros fundamental para el tránsito de la fauna silvestre entre el espacio natural de Doñana, toda su área de influencia y Sierra Morena.