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La alcaldesa Ana Isabel Jiménez presidió este jueves el pleno ordinario en Alcalá de Guadaíra. / A. G.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra seguirá sin lanzar la oferta de empleo público (OPE) que pretendía, al menos por el momento y parece que el asunto va para largo. La OPE estaba integrada dentro del plan económico financiero 2018-2019, que el equipo de gobierno llevó al pleno ordinario de julio, celebrado este jueves, pero fue rechazada por todos los grupos de la oposición.
La aprobación del plan estaba en el punto 11 de la sesión plenaria y recibió los votos en contra del PP, Cs, el PA, IU, Alcalá Puede y la concejal no adscrita Jessica Garrote. Solo el también edil no adscrito Juan Luis Rodríguez emitió su voto favorable junto a los del grupo socialista.
Este plan ya se había quedado sobre la mesa en el pleno ordinario de junio a petición de los grupos de la oposición, que pidieron que se revisara y consensuara, petición que el gobierno municipal admitió, para que ayer se lo tumbaban de forma definitiva.
Uno a uno fueron interviniendo los distintos portavoces para anunciar la negativa de su apoyo con duros ataques a la concejal de economía, Rocío Bastida. Reseñable, por lo larguísima, fue la intervención del edil del PP, quien se extendió por más de 20 minutos y no escatimó en reproches hacia el equipo de gobierno, al que reprochó que no «quieran enterarse» de que no gobiernan con mayoría absoluta. También reseñable fue la intervención de Garrote, quien además de su argumentación, calificó a Bastida de «soberbia y prepotente». La titular de Economía hizo una defensa larga del plan presentado y recordó a la oposición que está «bloqueando las ofertas de empleo público».
Bastida añadió que si rechazaban el plan, «no podemos sacar las plazas. Os vuelvo a recordar que si no hay plan, no puede haber presupuesto, y si no se aprueba tampoco podemos presentar la OPE».
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra pretende desde hace meses convocar ocho plazas de funcionario y otras 10 de personal laboral.
También caliente estuvo el punto quinto de la sesión, dedicado al desahucio de un inmueble de titularidad municipal sito en la calle Orellana. Durante la discusión del punto la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez (PSOE), tuvo que llamar al orden varias veces al numerosísimo público que abarrotaba el salón de plenos. Especialmente convulsa fue la intervención del concejal de Alcalá Puede Pedro Nieto, quien anunció su rechazo a la propuesta y recibió fuertes descalificaciones por parte de varios asistentes. Finalmente, el punto salió aprobado con los votos favorables del PSOE y el PP. El mismo Nieto fue el encargado de presentar una propuesta de su grupo para que el Ayuntamiento fiscalice las cuentas de los grupos políticos. Medida que rechazó la asamblea de ediles y que recibió duras críticas de quien fuera miembro del grupo proponente, Garrote, que lamentó que el grupo que pretende que se fiscalice a todos, «no predique con el ejemplo y haya presentado sus cuentas al pleno».