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Protesta que realizaron los trabajadores municipales de Huévar ante el Ayuntamiento hace unos meses. / E.C.
Las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe han comenzado torcidas. Este lunes los representantes de los trabajadores se reunieron con la alcaldesa de la localidad, Áurea María Borrego, para que esta facilitase la documentación del ERE. Sin embargo, la plantilla no está nada satisfecha porque entiende que no está completa. Según informó este lunes el presidente del comité de empresa, José Manuel Martínez, la regidora les ha entregado documentación, «pero no toda». Admitió que tienen que estudiar a fondo los papeles, «porque sí nos ha dado los presupuestos desde 2006 a 2017», pero advirtió de que, sin embargo, en los documentos aportados no se ha incluido una memoria económica de cómo se va a pagar el ERE.
Este escollo es muy importante, porque, en opinión del Consistorio, desde este lunes, con los informes que ha facilitado, han comenzado a correr los 30 días que hay de plazo para negociar el ERE. Los representantes de la plantilla, sin embargo, no están de acuerdo con el Ayuntamiento. Señalan que el tiempo de negociación no comenzará a avanzar hasta que no esté en su mano toda la documentación del expediente.
A pesar de estas diferencias, la regidora y los representantes de los trabajadores se volverán a reunir el próximo martes.
El ERE presentado por el Consistorio afecta a 51 trabajadores, más de la mitad de la plantilla municipal. De estos 51 empleados, 35 serán despedidos y al resto –16– se les aplicará una reducción de jornada, «algo que no se puede hacer en la administración pública», recalcó Martínez.
Además del expediente presentado por el Ayuntamiento, a los trabajadores municipales de Huévar del Aljarafe también les importa y mucho saber cuándo van a cobrar las nóminas que el Consistorio les adeuda y que a día de hoy ascienden a cinco. El presidente del comité de empresa señaló que la regidora le indicó este lunes que no hay fondos para abonar estos salarios y que el dinero que hay es para pagar los despidos que se realicen.
La mala situación económica de este Consistorio llevó a la Diputación de Sevilla a aprobar en marzo una moción, secundada por todos los grupos, para exigir un plan extraordinario que «garantice la viabilidad y la sostenibilidad tanto de los servicios públicos, así como la percepción de las retribuciones» de los trabajadores.