Nadie ha comprado las 17 viviendas de protección oficial (VPO) de la calle Villareal, en la zona conocida en su día como ‘La Cachucha’, que se han subastado para pagar deuda municipal, en concreto a acreedores de la empresa municipal de Desarrollo, Sedesa, declarada en quiebra hace unos años y con una deuda de casi 6,8 millones.
Son viviendas sociales ocupadas por personas con escasos ingresos, algunas en paro. Pisos de unos 70 metros cuadrados, con plaza de aparcamiento de algo menos de 30 metros, cuyos inquilinos que pagan en torno a 80 ó 90 euros mensuales.
El valor de subasta de los inmuebles oscilaba entre algo más de 62.500 y poco más de 63.000. El Juzgado de lo Mercantil que sigue el procedimiento concursal de la empresa municipal de Desarrollo, iniciado en 2013, indicaba en la relación de bienes a subasta que cada una de las viviendas se encuentra gravada con un derecho de reversión a favor del Ayuntamiento de Écija, por el que se obliga a destinar los pisos a su uso como vivienda social; en caso contrario, volverá a ser propiedad de la corporación municipal.
Una compra “poco atractiva”
Esto, unido al hecho de que existe el compromiso de destinar las viviendas a arrendatarios con ingresos familiares por debajo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI) y el de vincular las viviendas al régimen de alquiler durante un mínimo de 25 años, han hecho “poco atractiva” la compra de estas propiedades, opina el Gobierno local (PSOE).
El equipo de gobierno local asegura mantener el contacto con los vecinos afectados y con el administrador concursal de Sedesa. Aunque reconoce no tener un plan a corto plazo, si afirma tener “un compromiso con los vecinos que hemos ido asumiendo durante todo el proceso” de “garantizar que sigan en sus viviendas”.
“Se ha ido tranquilizando a los vecinos, sabemos que [la subasta] es el proceso normalizado en una liquidación concursal, siempre hemos estado tranquilos intentando transmitir esa tranquilidad a los vecinos”, expone el portavoz municipal del PSOE, José Antonio Rodríguez, que entiende que “cuando te dicen que te van a subastar la casa lógicamente te preocupa, pero hay unos condicionantes que hacían imposible la venta”.
El Ayuntamiento espera al administrador concursal
El consistorio avanza que va a esperar el siguiente paso que dé el administrador concursal de la empresa disuelta. “Vamos a seguir estando encima, el Ayuntamiento tiene diferentes herramientas para garantizar que los vecinos siguen en sus viviendas, y dependiendo del movimiento que se haga desde la administración concursal, cuya obligación es sacar dinero para pagar la deuda, y nosotros lo aceptamos”, afirma Rodríguez, “pero entendemos que los destinatarios de esas viviendas son los que viven en cada una de ellas”, concluye.
La liquidación de Sedesa fue aprobada en marzo de 2015, año y medio después de iniciado el concurso de acreedores de la empresa. Todo su patrimonio está bajo tutela del administrador concursal, lo que incluye a las viviendas sociales propiedad de la entidad municipal en liquidación.