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Ayuntamiento de San Juan. / Sergio Rivas
Más del 77 por ciento de las consultas que recibe la Oficina Municipal de Protección a la Vivienda de San Juan de Aznalfarache se centran en temas relacionados con las cláusulas abusivas de las entidades financieras, según informó el Ayuntamiento sanjuanero, que continúa prestando asesoramiento a sus vecinos en esta materia.
Pero las cláusulas abusivas no son las únicas dudas que se resuelven en este servicio puesto en marcha en 2013, sino que también se gestionan cuestiones como la dación en pago, el impago de la hipoteca, el alquiler social o reestructuración de deudas, entre otras, a las que, a partir de ahora, se sumará el asesoramiento sobre los nuevos contratos hipotecarios ante la reactivación del mercado inmobiliario. Una muestra de la continua actualización de los servicios que ofrece, y a los que ya el año pasado se añadió la tramitación de la subvención de alquiler social que concede la Junta de Andalucía a aquellas familias que, desde mayo de 2013, han perdido su vivienda con dación en pago por ejecución de la hipoteca. De hecho, han sido más de un centenar las ayudas que se han gestionado desde entonces.
Por eso, el Consistorio destacó que, en tres años, casi un millar de sanjuaneros han hecho uso de esta oficina que abre los martes y miércoles por la mañana, en horario de 10.00 a 13.00 horas, y los martes también en horario de tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas. Su puesta en marcha se enmarcó en las Medidas para la Prevención de Desahucios e Intermediación del Derecho a la Vivienda, si bien no fue la única medida que el Consistorio ha llevado a cabo para defender para sus vecinos este derecho fundamental.
Así, desde el año 2011 se han sucedido diferentes medidas para garantizar el derecho habitacional en relación a las viviendas propiedad de las entidades bancarias y sus empresas filiales, exigiendo a las entidades financieras la cesión de las viviendas vacías. Recientemente, se ha adherido al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta de Andalucía y la Federación de Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad, medidas de carácter social u cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.
Hay que recordar también que el Ayuntamiento fue premiado en 2014 por su programa de prevención de desahucios.