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Jóvenes en riesgo de exclusión social contratados para llevar a cabo obras de la Diputación. / El Correo
No valdrá con ser el más barato. Para poder firmar un contrato de cualquier índole con la Diputación, las empresas deberán cuidarse mucho de incluir cláusulas sociales y medioambientales en sus condiciones. «Todo por contribuir a mejorar las situaciones precarias de las familias en la provincia de Sevilla», explicó el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la presentación y el balance de la última edición del Plan de Urgencia Municipal (PUM), cuya dotación vuelve a ascender este año a cinco millones de euros.
Se da cumplimiento de esta forma a un acuerdo plenario que data del pasado mes de mayo y al que se dio luz verde tras una moción a instancias del grupo de Izquierda Unida (IU), pero que ya en febrero de 2016 había sido aprobado mediante otra propuesta de Participa Sevilla a este respecto. En este sentido, ambas formaciones pidieron que se incluyera de manera «urgente» estas cláusulas sociales que asegurasen el respeto a los derechos laborales en los pliegos de sus contrataciones.
«Hasta ahora, el criterio a seguir a la hora de contratar era el económico», recordó Villalobos. Pero, a partir de ahora, «se van a tener en cuenta las acciones sociales a las que se compromete el adjudicatario durante los contratos», señaló el presidente provincial, apostillando que «aquí se hacen miles». En concreto, se valorará muy especialmente que se tenga en cuenta dar empleo a personas que estén en riesgo de exclusión social, a personas con discapacidad o a aquellas que tengan un mayor número de miembros en la unidad familiar y, por ello, cuenten con menos ingresos.
La intención es que estas nuevas cláusulas se apliquen en todas las áreas funcionales de la institución, que son ocho en total: Cohesión Social e Igualdad, Cultura y Ciudadanía, Hacienda, Empleado Público, Régimen Interior, Cohesión Territorial, Servicios Públicos Supramunicipales, y Concertación. Actualmente, según dijo Villalobos, la Diputación tiene elaborado un borrador para integrar criterios éticos, sociales y laborales en sus contrataciones, «en consonancia» con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una norma que aún se encuentra en tramitación. No obstante, en el momento en el que esa ley lo permita –Villalobos afirmó que en el último trimestre del año está prevista su promulgación por el Gobierno central– las cláusulas sociales a nivel provincial se incorporarán de manera inmediata, aseguró el presidente de la institución provincial.
«Así queremos incentivar a los contratistas a que introduzcan en su filosofía que no solo hay que presentar una buena oferta económica, porque nos hemos propuesto que estos colectivos con menos ingresos puedan aumentarlos mediante el IRPF, el impuesto de sociedades y mayores cotizaciones a la Seguridad Social, sin tener que depender exclusivamente de prestaciones o subsidios», puntualizó Villalobos. Con esta iniciativa, la Diputación se sumará a otras instituciones como el Ayuntamiento de Sevilla, que aprobó la inclusión de estas cláusulas el año pasado, o a otros consistorios españoles como el de Madrid o Barcelona.
EL PUM PALIARÁ LA CRISIS DE UNAS 5.000 FAMILIAS
No es que sea la panacea, pero cuando un padre o una madre de familia necesitan al menos dos meses de contrato para poder solicitar una prestación que les permita sobrevivir durante un tiempo, el Plan de Urgencia Municipal (PUM) de la Diputación llega «como agua de mayo» a unos 5.000 hogares sevillanos. Así lo aseguró el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, que desgranó que en esta nueva edición se destinarán cinco millones de euros para que 104 ayuntamientos de la provincia puedan emplear, entre 15 días y tres meses, a vecinos que lo necesiten y siempre a juicio de los Servicios Sociales del consistorio en cuestión. Desde que viera la luz en el año 2009, el PUM ha invertido 68 millones de euros en resolver «situaciones puntuales» de crisis en 46.000 familias vecinas de distintos municipios, siendo las mujeres las que han copado el 55 por ciento de los contratos.
La aportación económica que permite poner en marcha estas contrataciones no se reduce a la institución provincial. Los propios ayuntamientos, que reciben un porcentaje de la Diputación en función del número de desempleados, cofinancian este programa, aunque las localidades que tienen entre 0 y 5.000 habitantes están exentas de una cantidad que aumenta en función de la población. «Esto es una muestra de la solidaridad entre los pueblos», expresó Villalobos, dado que son los consistorios más grandes –Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra– los que soportan un mayor peso en esa colaboración económica.