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Autobús de Los Amarillos de la línea de Los Palacios y Villafranca. / Á. Romero
La empresa de autobuses Los Amarillos está dispuesta a acudir a la Justicia si finalmente la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía le suspende la concesión del servicio de transporte de sus líneas que trabajan en Sevilla, Cádiz y Málaga, según ha informado la compañía.
Esta aclara que la resolución del contrato de la concesión por la dirección general de Movilidad «no es firme, ya que se encuentra en plazo de presentación del correspondiente recurso en vía administrativa» y asegura que en caso de ser desestimado, «la entidad concesionaria acudirá a la vía jurisdiccional».
Asimismo, afirma que los incumplimientos en los que se basa el expediente «son absolutamente habituales en las empresas concesionarias de transporte público de viajeros por carretera y en ningún caso pueden dar lugar a la resolución del contrato por un procedimiento de urgencia, máxime cuando el servicio se está prestando con normalidad y no existe un riesgo de interrupción del mismo».
Los Amarillos aclara que las quejas por parte de los usuarios del servicio corresponden, en un alto porcentaje a la localidad de Los Palacios y Villafranca, «cuyo alcalde, Juan Manuel Valle, lleva años liderando una campaña personal de ataque y desprestigio contra la empresa, pudiéndose destacar que este municipio es el que tiene la mayor oferta de servicios del área metropolitana de Sevilla, con más de 100 expediciones diarias, cifra muy superior a la de otros municipios más próximos a la capital y con más población».
Esta empresa de autobuses asegura que el volumen de quejas que recibe «no es superior, ni en términos absolutos ni en términos relativos, a las de otras compañías operadoras».
Asimismo, Los Amarillos remarca que su flota de autobuses cumple ampliamente con los requisitos de seguridad, accesibilidad y antigüedad exigidos por la Junta de Andalucía y los consorcios de transporte metropolitano: los 60 autobuses que componen la flota adscrita por Los Amarillos a la concesión VJA-089 tienen una antigüedad media de sólo seis años, asegura.
Finalmente, alerta de que para iniciar el expediente de anulación de la concesión no se han tenido en cuenta los perjuicios económicos y sociales que puedan ocasionar esta decisión.