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Centro privado de Gelves en el que han sido alojados menores inmigrantes. / El Correo
La continua llegada este año de menores inmigrantes no acompañados a las costas andaluzas, en pateras o bajo los camiones, ha creado un problema para el que no existe consenso sobre cómo solucionarlo y también provoca recelo entre los vecinos de pueblos con centros de acogida, que son de puertas abiertas. Las cifras de atención de estos menores se ha ido incrementando progresivamente, y en diez años se ha pasado de atender a 900 en el 2008 a 4.650 en lo que va de este año. Ello ha obligado a buscar más centros, crear 1.610 plazas de emergencia y contratar personal para atenderlos. También ha aumentado el dinero público que se destina, con 8,4 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía en el 2018, según la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales, que reclama la solidaridad de otras comunidades para asistir a los menores.
La forma en que se afronta este reto no es unánime. Las ONG apuestan por aumentar los recursos económicos, a lo que se comprometió el Gobierno central la pasada semana con una aportación extraordinaria de 40 millones de euros, la mayoría de los cuales, previsiblemente, irán para Andalucía, que acoge a casi la mitad de los 10.162 menores extranjeros no acompañados del país, una cifra que oscila continuamente por la constante llegada de emigrantes. La Junta de Andalucía y la Fiscalía, por su parte, proponen como una de las medidas disuasorias la devolución de los menores a sus países «con todas las garantías», sobre todo con los de Marruecos, que son el 70 por ciento de los que llegan a las costas andaluzas y es un país con el que existe un convenio específico para esa iniciativa.
El fiscal coordinador de familia y protección de menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, apuesta por esta fórmula como método disuasorio para evitar los casos en los que las familias pagan dinero para que sus hijos se instalen en centros españoles, donde existe el compromiso de atenderles y enseñarles un oficio hasta que son mayores de edad. Además, Valpuesta duda de que la saturación de los centros permita ofrecer a los jóvenes la formación que requieren y lamenta que algunos centros sean sólo un «almacén» de menores. Sobre el retorno de los menores, el argumento es el siguiente: Si las familias que pagan varios miles de euros para que sus hijos se instalen en Andalucía ven que los críos son devueltos a sus casas, dejarán de hacerlo y bajará la presión migratoria. Sin embargo, la repatriación de un menor depende en última instancia del Gobierno central.
En Sevilla, este año se han abierto unos 400 expedientes de repatriación, aunque no ha prosperado ninguno, y el año pasado ocurrió lo mismo con los 45 que se abrieron, lamenta la fiscalía provincial. Otro de los aspectos polémicos se basa en que los menores están acogidos en centros de puertas abiertas, lo que facilita a los adolescentes su libre entrada y salida. En algunas localidades se han producido protestas por los problemas que crean algunos de estos grupos de adolescentes cuando salen de estos centros, como en los municipios de Carmona o Gelves. Cuando quieren volver, llaman al 112 y los agentes policiales los llevan hasta sus centros de acogida. «Taxi gratis», resume una fuente que pide no ser identificada. En los recuentos nocturnos, los centros comunican a las fuerzas policiales las ausencias, lo que ocurre «a diario», añaden otras fuentes. Las organizaciones no gubernamentales como la Asociación Pro Derechos Humanos, por su parte, insiste en no crear «alarma injustificada respecto a la realidad de estos menores», según ha explicado su portavoz Carlos Arce.