-
Jesús Maeztu. / Efe
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido a los ayuntamientos andaluces que se sumen a los convenios de colaboración actualmente vigentes entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola para no cortar el suministro eléctrico a familias en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, el Defensor andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a municipios andaluces con más de 5.000 habitantes en cuyo texto, consultado por Europa Press, señala su preocupación por los efectos que ha causado la crisis económica sobre la población andaluza y, en particular, “por la aparición de datos preocupantes que ponen de manifiesto la existencia de una elevada tasa de riesgo de exclusión social y pobreza en la comunidad andaluza”.
Entre los datos que reflejan esta “difícil” realidad, la institución destaca aquellos que ponen de relieve la “dificultad” de acceso para muchas personas a unos suministros básicos como la luz o el gas, que resultan esenciales para el mantenimiento en condiciones de dignidad de la vida diaria, y cuya incidencia social ha venido a poner un nombre propio, “pobreza energética”.
Al respecto, destaca que la Defensoría viene denunciando públicamente desde hace ya varios años esta situación y ha reclamado en su informes anuales elevados al Parlamento “la necesidad de una solución urgente”, al tiempo que recuerda que en agosto de 2015 inició una actuación de oficio para la puesta en marcha de una serie de medidas para luchar de forma global y organizada contra la pobreza energética en Andalucía.
En ese momento, añade, “admitíamos las dificultades que encontraba la elaboración y tramitación de una normativa que permitiese evitar los cortes de suministro” y “entendíamos que justificaban el retraso en la aprobación de una norma andaluza que ya estaba contemplada en el programa de gobierno para la IX legislatura del Parlamento andaluz y que sigue incluida entre los compromisos del Gobierno andaluz para la actual legislatura”.
Hasta la fecha la actuación de la Junta “ha quedado reducida a la aprobación de medidas urgentes, en forma de decretos, con el objetivo de facilitar financiación a los ayuntamientos andaluces para atender situaciones de pobreza energética o hídrica”, añade.
Sin embargo, “denunciábamos que las posibilidades de una familia de verse privada de los suministros básicos por incapacidad de pago dependían de cuestiones tan aleatorias como que el municipio de residencia hubiera solicitado o no la ayuda financiera de la Junta de Andalucía para suministros básicos; que existieran o no fondos municipales complementarios para afrontar el pago de las facturas; o que las empresas prestadoras del servicio tuviesen o no acuerdo con el Ayuntamiento para suspender los cortes de suministro”.
De este modo, y mientras no se aprobase la norma demandada, el Defensor del Pueblo solicitaba la elaboración de un protocolo y un convenio marco que sirvieran como bases y referentes para garantizar que no se produzcan en Andalucía cortes de energía a personas y familias en situación de necesidad económica. Así, en la tramitación de dicha actuación de oficio, Maeztu señala que pudo conocer que la FAMP y las empresas Endesa e Iberdrola firmaron el pasado 1 de abril de 2016 sendos convenios marco de colaboración para la cobertura de suministros a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social.
Para el Defensor, la ratificación de estos convenios por todos los ayuntamientos andaluces abría la puerta a una posible solución a los cortes de suministro eléctrico, al menos como solución transitoria, en tanto se aprobase una norma que evitase los cortes de luz, por lo que la consideraba una iniciativa “loable” y confiaba en su efectiva implantación.
No obstante, la Defensoría lamenta que, pese a sus expectativas, transcurridos más de cinco meses desde la firma de ambos convenios, ha tendido conocimiento de que hasta el pasado 14 de septiembre solo 27 municipios se habrían adherido al convenio marco entre la FAMP y Endesa y 26 se encontrarían en trámite, a lo que habría que añadir 16 convenios bilaterales suscritos entre ayuntamientos y Endesa directamente con el mismo fin.
DATOS “DESALENTADORES”
“Los datos ciertamente resultan desalentadores pues, incluso sumando todos ellos, nos encontramos con un insignificante número de municipios (69) que podrían contar con un protocolo de actuación que permita evitar los cortes de luz de modo organizado”, manifiesta Maeztu, que también apunta que las quejas recibidas en la institución han puesto de manifiesto que, en ocasiones, “los recursos resultan limitados de modo que no es posible otorgar la ayuda por el importe de la deuda reclamada por la comercializadora o en otras, la ayuda no puede otorgarse por incumplimiento de algún requisito exigible a la personas beneficiarias de ayuda de emergencia”.
Además, señala que los convenios de colaboración para evitar los cortes de suministro se circunscriben a dos empresas eléctricas, que “aunque representan un porcentaje elevado de los suministros andaluces, no abarcan a su totalidad”.
Por tanto, el Defensor señala que aunque actualmente el panorama normativo parece que ofrecerá en un futuro no muy lejano una respuesta a las situaciones de pobreza energética, entretanto dichas medidas no se hagan realidad, esta institución considera “oportuno” solicitar de modo generalizado a las entidades locales de Andalucía que se adhieran a los convenios de colaboración actualmente vigentes entre la FAMP y las eléctricas.