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Una panorámica del municipio de Montellano, cuyo Ayuntamiento se ve sometido a una losa económica de 16 millones. / El Correo
Rebaja de salarios, venta de edificios y solares de propiedad municipal o aumento de tributos. El Ayuntamiento de Montellano aplicará estos recortes después de recibir un estudio del Opaef que arroja una deuda de 16,2 millones. Una losa que es más pesada si se añade el impago de las nóminas desde abril y un aviso de corte de luz para el 31 de agosto debido a la deuda de otros 191.199 euros que arrastra con Endesa. Todo ello en un municipio de tan solo 7.092 habitantes.
El estudio, del que se dio traslado ayer en el Pleno para aprobar la revisión del plan de ajuste, desgrana la situación económica real de Montellano. Las deudas principales son por préstamos (4,6 millones) y proveedores locales y externos (4,5 millones), además de otros 4,5 millones por remanente de tesorería. Sin embargo, el impago que más preocupa a corto plazo son los 2,6 millones que se le adeuda a la Seguridad Social. La concejal de Transparencia, Nerea Romero, indicó que el impago impide el acceso a subvenciones y programas como las vinculadas al PER. La única posibilidad de salvar ese bloqueo es «con un certificado» que acredite que está al corriente de pago. Este extremo se está negociando con la Seguridad Social, a la que se le abonó tres meses de seguros sociales, se pagará la de agosto y se aplazará a ocho años el resto de la deuda.
Para rizar el rizo, el Consistorio tampoco puede acogerse al fondo extraordinario de préstamos que convocará la Diputación en septiembre, dado que no cumple con un requisito indispensable: tener el presupuesto actualizado. De hecho, el último aprobado data del año 2013 y de solo siete millones de euros.
Para sanear las cuentas, el Ayuntamiento se ha acogido a las recomendaciones realizadas por la Intervención como por el Opaef, el principal organismo de asistencia económica y fiscal de la provincial. Y todas ellas pasan por recortes que permitan «reducir los gastos e incrementar los ingresos». Del primer bloque destaca la reducción de un 12,5 por ciento del coste de personal. Eso no implica, según Romero, despido alguno, sino rebajas salariales «consensuadas con la plantilla», a la que se le ha trasladado cada paso dado al respecto. También se dibuja, en esa rebaja, reducir un 20 por ciento los gastos corrientes (agua, luz, gasoil...), suspender ayudas del convenio a funcionarios o eliminar las contrataciones externas –salvo programas subvencionados–. El aumento de los ingresos vendrá de la mano de la venta de «bienes inmuebles», ya que el Ayuntamiento goza de «un patrimonio amplio» –tanto solares como edificios públicos–. De igual manera, subirán impuestos y suspenderán bonificaciones, una situación que el Gobierno local confía en que sea «coyuntural» y se mitigue si las medidas dan sus frutos.
De momento, el objetivo es garantizar los servicios a los vecinos, así como el pago de nóminas y a los proveedores «que son mayoritariamente vecinos del pueblo».