El relevo generacional del campo andaluz es una de las mayores preocupaciones del sector agrícola y ganadero, pero también la igualdad. Por ello, hace cinco años nacía la Ley de Titularidad Compartida, una norma que pretendía romper el techo de cristal de muchas mujeres que todavía figuraban como ayudantes de las explotaciones, a pesar de su papel fundamental en el desarrollo de la actividad agraria.
Sin embargo, un lustro después los datos no avalan ese punto de inflexión que buscaba el Gobierno central, pues apenas cinco andaluzas habían solicitado la inscripción en el registro nacional a principios de año. Esas mujeres trabajan a destajo en sus fincas pero siguen siendo invisibles y sólo se les reconoce su labor cada 15 de octubre, cuando se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Mientras la igualdad llega para esas agricultoras y ganaderas, las generaciones futuras han encontrado la clave para materializar sus proyectos: las ayudas para la creación de empresas para jóvenes agricultores, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014. El objetivo de estos incentivos, que fueron convocados en 2015 y 2016, era rebajar la edad media de los agricultores y ganaderos e impulsar la profesionalidad del sector, aunque ha tenido un tercer efecto: el del impulso de la mujer joven a la creación de empresas agrícolas. En la primera convocatoria, la de 2015, en torno a 420 resultaron beneficiarias, lo que representa más de un 28 por ciento del total de los más de 1.400 beneficiaros. Pero el porcentaje sigue creciendo y en la segunda convocatoria de estas ayudas, cuya resolución todavía es provisional, más del 50 por ciento de las beneficiarias son mujeres: 241 de 475 beneficiarios provisionales, según recoge la Consejería de Agricultura.
María Miró es una de las mujeres que obtuvieron la ayuda económica para impulsar su proyecto en la primera convocatoria. Miró es veterinaria y trabajaba en un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba para la mejora y conservación de recursos genéticos de animales domésticos, pero con el nacimiento de sus hijas llegaron los problemas de conciliación laboral, por lo que se pidió una excedencia. Con la llegada de la segunda niña, Miró necesitaba ingresos. Así que apostó por gestionar la finca familiar en la que su abuelo cultivaba olivares que luego vendía a terceros para que elaboraran aceite. Tomaba las riendas de una finca de 12,5 hectáreas, que en la última campaña produjo 80.000 kilos de aceituna.
Pero ella no quería quedarse sólo como productora de aceitunas ecológicas. Miró tenía en mente un proyecto de mayor envergadura: elaborar su propio aceite. Así nacía, hace apenas unos meses, 1948 oleum, del que en su primera campaña han elaborado 11.000 kilos de aceite. Un oro verde que en su primer año de vida ya cuenta con dos medallas de oro por sus variedades picual y arbequina otorgadas por el concurso internacional de aceites de oliva virgen extra ecológicos Ecotrama.
El proyecto de Miró, que además es delegada de Asaja Sevila en Lantejuela, es mucho más ambicioso. Desde la finca que gestiona, bautizada como La Recacha, intenta «poner en valor la cultura del aceite» a través de catas, visitas al olivar e incluso apadrinando uno de los árboles, «con la intención de que el visitante se lleve una experiencia». Además, como buena astigitana, es conocedora de los lazos del aceite de oliva con Écija, que en época romana «era la mayor exportadora de ánforas de aceite de oliva a la capital del Imperio», explica. Por ello, con su empresa ha puesto en marcha la campaña Écija: nuestra historia, nuestro aceite.
María José Rodríguez es otra de las afortunadas de la primera convocatoria. Aunque no acabó sus estudios universitarios de perito agrícola, esta asociada a COAG sentía la necesidad de volver al campo donde había crecido con sus padres. Pensó en solicitar la ayuda para alquilar un terreno en la aldea de Pinzón (Utrera), donde creció, para poder aplicar así sus conocimientos técnicos. Pero al final optó por comprar 12 hectáreas donde cultivar algodón y tomate para industria.
Al contrario que Miró, que tenía las instalaciones y el cultivo listo para empezar a producir, Rodríguez tuvo que hacer una fuerte inversión inicial, de más de 20.000 euros, sin contar los préstamos que tuvo que solicitar para comprar los que hoy son sus terrenos. Por eso, los retrasos en los pagos de la ayuda han supuesto un escollo para el inicio de su actividad. Y es que, aunque la convocatoria se lanzó en 2015, hasta el pasado mes de julio Rodríguez no recibió el primer cobro con el 50 por ciento del importe de la subvención.
UNA LEY CON TRABAS
María o María José son sólo algunas de las más de 600 mujeres que han elegido el campo como su forma de vida. Son el presente y el ejemplo para el futuro del campo. Pero todavía son muchas las que llevan años trabajando la tierra sin recibir el reconocimiento que se merecen.
Cuando el Gobierno central aprobó la Ley de Titularidad Compartida, su cometido era otorgar los mismos derechos y obligaciones a las mujeres que desde hace años trabajan tanto como sus maridos para que las explotaciones salgan adelante; sin embargo, la burocracia ha impedido que sea efectiva a pesar de que han pasado cinco años desde su aprobación. Uno de los problemas que se han encontrado las andaluzas a la hora de solicitarla ha sido que el registro no estaba abierto, asegura la responsable del área de la Mujer de COAG, Inmaculada Idáñez.
«Desde que se hizo la ley, ésta tienen muchas lagunas, es muy difícil llegar a ella, hay muchas personas que no la conocen. Es una ley que se pidió desde las organizaciones agrarias y asociaciones de mujeres pero se ha quedado a mitad de camino», lamenta Idáñez. Por eso, una de las labores de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural Ceres es dar a conocer los beneficios de esta ley no sólo a las mujeres, también al resto de la sociedad. «Tiene que haber personas que sepan de lo que estamos hablando, que haya campañas que le llegue a la ciudadanía para que se acojan a ella. Y sobre todo tiene que haber voluntad política. En Andalucía, muy poca voluntad debe de haber cuando todavía no está el registro abierto y tampoco dan una solución. Las mujeres de Andalucía vamos en desventaja total con el resto de comunidades», asegura Idáñez, quien pone como ejemplo a Castilla y León, de donde proceden 126 de las 141 solicitudes que ha habido en toda España.
La Consejería de Agricultura es consciente de que la ley no ha funcionado, y que es una asignatura pendiente para el campo andaluz. Pero ya ha dado el primer paso para pasar del suspenso al progresa adecuadamente con la elaboración del primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, que se aprobó a principios de año. Con esta estrategia, desde la administración andaluza se pretende fomentar la igualdad y reforzar la participación y la posición de la mujer en las organizaciones profesionales.
Uno de los puntos clave en este plan es la titularidad compartida, por lo que su puesta en marcha implica la apertura del registro. Además, esta hoja de ruta incluye disposiciones para asegurar que haya una representación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de interlocución, así como en las organizaciones profesionales del sector. Una serie de medidas que pretenden que la mujer rural sea recordada más allá de cada 15 de octubre.
