Nueva sentencia contra el Ayuntamiento de Santiponce por «denegar» información a la oposición
El juez precisa que ha vulnerado los derechos fundamentales de un concejal de la oposición al «denegarle» por silencio administrativo el acceso a la documentación correspondiente a facturas de suministros básicos contratados por el Consistorio
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha declarado que el Ayuntamiento de Santiponce, gobernado en clara minoría por la socialista Carolina Casanova, ha vulnerado los derechos fundamentales de un concejal de la oposición al «denegarle» por silencio administrativo el acceso a la documentación correspondiente a facturas de suministros básicos contratados por el Consistorio.
A través de una sentencia emitida el pasado 21 de junio y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial aborda un recurso del Grupo andalucista del Ayuntamiento poncino, contra «la desestimación por silencio administrativo» de la petición promovida en julio de 2017 por uno de sus concejales, para acceder «al expediente de facturas de luz y agua en el período comprendido entre el mes de mayo de 2016 y julio de 2017».
Y es que según el PA, este silencio administrativo constituye una «denegación tácita» de la información solicitada, extremo que «obvia la legitimidad de un miembro del pleno para obtener la documentación que necesite para el normal desarrollo de su labor» fiscalizadora de la acción de gobierno, toda vez que los andalucistas cogobernaron el Ayuntamiento de Santiponce junto al PSOE, hasta quedar roto su pacto de gobierno.
Frente a las acciones judiciales del Grupo andalucista, la defensa del Ayuntamiento alegaba que el mismo había «remitido al Juzgado en fecha 13 de noviembre de 2017 el expediente de los listados de facturas de suministros de Aljarafesa, Endesa, Iberdrola,y Endesa XXI, así como el expediente administrativo donde consta toda la información solicitada por el concejal» del PA, alegando así una «satisfacción extraprocesal de la demanda».
No obstante, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve constata que ante la solicitud formalizada por el PA el 13 de julio de 2017 para acceder a dicha documentación, la alcaldesa, la socialista Carolina Casanova, «no resolvió nada», agotando el plazo de cinco días establecido para responder a este tipo de peticiones, extremo que incluso llevó a que el edil andalucista instase la «ejecución del acto administrativo» solicitado.
«SE HA CONCULCADO EL DERECHO LEGITIMO»
«Por tanto, se ha conculcado el legítimo derecho fundamental del concejal a ejercer sus funciones públicas y su propio cargo público», zanja el juzgado, que ve «vulnerado el derecho fundamental» del edil a «la obtención de información o documentación y acceso al expediente interesado».
Es más, el juzgado descarta que haya mediado una «satisfacción extraprocesal» de las pretensiones del concejal recurrente, extremo alegado por la defensa del Ayuntamiento al ser remitida al Juzgado una copia de los documentos. Y es que según el juzgado, «el derecho fundamental ya se ha conculcado al no haberse facilitado el acceso al expediente en su momento y no se pone a disposición del recurrente en su sede natural, el Consistorio, no siendo ni la forma correcta, ni lo interesado por el recurrente».
Así las cosas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve declara no ajustada a derecho la «inactividad» de la alcaldesa frente a la citada petición de información del edil andalucista, considerando que esta «denegación del expediente solicitado» implica una vulneración del derecho fundamental del concejal a contar con la documentación necesaria para su labor de oposición. En paralelo, el Juzgado ordena a la alcaldesa que ponga «a disposición del recurrente» la información solicitada, condenando al Consistorio a pagar las costas del litigio.
Se trataría, así, de la sexta resolución judicial contra este ayuntamiento en los últimos meses, por vulneración de derechos fundamentales de concejales de la oposición, toda vez que la socialista Carolina Casanova, de su lado, viene acusando al PA de «intentar judicializar la vida política con una estrategia de solicitar continuamente información para intentar paralizar la actividad administrativa».