Un total de 25 propietarios de la urbanización carmonense de La Celada han remitido al medio local El Día de Carmona una de las últimas actas de la Junta General de la Comunidad de Propietarios de la urbanización La Celada en la que demuestra, según este grupo “la división interna que existe entre los vecinos”. Si bien el documento está fechado en junio de 2018, este grupo indica que “se le ha pedido la misma petición antes y actualmente, pero es de los pocos documentos en los que consta en acta, pues en los posteriores no aparece nuestra demanda”.
La petición de estos parcelistas de la realización de una auditoría externa que aclare la gestión de la comunidad durante diez años, desde 2007 a 2017 fue rechazada finalmente por la Junta General celebrada en junio del pasado año. El coste de esta auditoría, según indicó la actual Junta Directiva, sería de “entre 10.000 y 15.000 euros”.
El acta, igualmente, recoge la presentación de la Memoria Económica de la urbanización. A pesar de que fue finalmente aprobada, la memoria obtuvo el voto negativo de un significativo grupo de parcelistas, en concreto, del 35% de los voto emitidos. Durante el debate de esta Memoria, varios parcelistas plantearon además “dudas sobre la falta de transparencia” en la gestión económica de la actual Junta Directiva en algunos asuntos, como unos billetes de AVE para un viaje al Senado; la instalación de un módulo para el club social o quejas por la remuneración de las hijas de la vicepresidenta para labores de la comunidad.
Esta división en el seno de la Celada, afirma este grupo de propietarios descontentos, “ha aumentado en los últimos años y que existe un creciente grupo de vecinos que rechazan la excesiva politización con la que la presidenta de la urbanización, Luisa Gómez, la ha gestionado en los últimos años”. Estos vecinos recuerdan que, de hecho, Luisa Gómez ya formó parte de la candidatura del PSOE en las últimas elecciones locales en 2015.
Los vecinos confirman que “seguirán reclamando una auditoria sobre la gestión que realiza la junta directiva para que se le dé transparencia a un modo de actuar” que ha estado marcado, según ellos, “por continuas querellas y denuncias hacia otras administraciones y hacia terceras personas sin que los vecinos hayan sido informados de ellas”.
Por último, estos parcelistas señalan “la actitud beligerante de la actual presidenta hacia todo aquel que muestre cualquier duda sobre su gestión” y como el clima en el interior de la urbanización “se ha deteriorado por los intereses personales y políticos de algunas personas que no han beneficiado en nada a la comunidad”, concluyen.