Protesta por el desahucio a una empresa por el alcalde de Marinaleda

El PSOE exige en un escrito a Sánchez Gordillo que recapacite ante esta «decisión unilateral»

Iñaki Alonso @alonsopons /
24 ago 2017 / 21:51 h - Actualizado: 24 ago 2017 / 22:21 h.
"El Correo de la Provincia"
  • Concentración de los vecinos y trabajadores junto a la nave municipal y actual sede de Los Lugares. / El Correo
    Concentración de los vecinos y trabajadores junto a la nave municipal y actual sede de Los Lugares. / El Correo

{Decenas de vecinos de Marinaleda, algunos de ellos trabajadores de la empresa agroalimentaria Los Lugares, se concentraron ayer ante la amenaza de desahucio de una nave municipal por parte del alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo. La razón de rescindir el contrato de arrentamiento y ordenar el desalojo para el 24 de noviembre, según el escrito recibida por la empresa, era, entre otras cuestiones, por no tener constancia de «solicitud alguna de obras» y por no abonar el alquiler de 53 euros al mes acordado en la firma del contrato.

Durante la concentración, la empresa insistió en que se han efectuado las obras, valoradas en 150.000 euros y, además, se ha solicitado una cuenta bancaria para el ingreso del alquiler al Consistorio que, según su versión, no ha accedido. En principio, la protesta se iba a efectuar a las puertas del Ayuntamiento, pero cambió de ubicación después de que ayer mismo se personara la Guardia Civil para desautorizar la concentración, que no reunía con los requisitos legales por la delegación del Gobierno. De esta manera, los convocantes decidieron trasladar su movilización a las puertas de la fábrica, donde se concentraron decenas de vecinos, algunos de los cuáles prefirieron no salir en la foto «por miedo a represalias», según las fuentes consultadas.

A la protesta fue el portavoz del PSOE en Marinaleda, Mariano Pradas, que ayer pidió al alcalde, a través de un escrito a que «llegue a un consenso que posibilite la continuidad de la empresa en el inmueble». Le recordó también que esta «decisión unilateral» que puede dejar sin trabajo «a decenas de familias de Marinaleda» y le emplazó a renovar el arrendamiento, como recoge el contrato, tantas veces sea posible hasta llegar a los 25 años de duración.