El derribo de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán costará, finalmente, 198.000 euros, después de la modificación presupuestaria que se aprobará este martes en sesión plenaria con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Se reduce así en 9.000 euros el coste máximo de la operación, según informó el alcalde, Tasio Oliver (IU), que recordó que la modificación del montante que se debatirá hoy en pleno se imprime sobre los presupuestos municipales de 2015 –prorrogados durante este año–, y releva a la modificación presupuestaria ya aprobada el pasado mes de noviembre para el mismo fin con un valor de 207.000 euros. Esta cantidad, según Oliver, fue acometida para demostrar a la Justicia que el Consistorio estaba ya dando cumplimiento a la sentencia, con un valor derivado de «los presupuestos pedidos» a empresas del sector de la demolición. No obstante, la notable reducción en el precio que se aprobará ahora «está ajustada al proyecto» de derribo del edificio redactado a tal efecto.
Hay que recordar que el conflicto deriva del recurso de un colectivo de vecinos contra la aprobación definitiva, en 2009, de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, destinada a la ordenación y nueva delimitación de las parcelas de espacios libres y equipamientos ubicadas entre las calles Álvarez Quintero y Gustavo Adolfo Bécquer. En esta zona, el por entonces Ayuntamiento socialista –gobernado por Carmelo Ceba–, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, construían en esa época una escuela de hostelería.
Sin embargo, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ratificada en 2014 por el Supremo, aquella modificación del PGOU tenía como destino «enmendar una actuación de ilegalidad» provocada por el propio Consistorio, ya que los trabajos de construcción de la escuela estaban ya en marcha antes de que fuese aprobado el cambio en el planeamiento. Por eso, finalmente, se ordenó la demolición del edificio y todo lo que estaba proyectado en él y los alrededores.
Esto ha obligado al Ayuntamiento a ejecutar, en los últimos meses, el desalojo y el traslado del gimnasio municipal –y otras dependencias con el consiguiente perjuicio de otras tareas para no perder sus servicios– y, en la actualidad, continuará desalojando en la medida de sus posibilidades el contenido del edificio en aquello que pueda afectar a otros servicios municipales.