Tres décadas fomentando el desarrollo del mundo rural
Más allá de los mitos que existen a su alrededor, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) permite generar empleo para los trabajadores eventuales del campo y dotar de infraestructuras básicas a los municipios sevillanos, evitando la emigración
Pocos parques, colegios, calles o naves industriales hay en los municipios sevillanos que no hayan sido construidos o remozados gracias al montante destinado al Plan de Empleo Rural, más conocido como PER y que, tras pasar por distintas denominaciones, ahora se llama Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Una subvención que llega, desde que se creara en el año 1986, como agua de mayo a las zonas rurales, pues permite crear empleo para los trabajadores eventuales del campo al tiempo que dota a los pueblos de infraestructuras esenciales para que se mantenga la vida en ellos.
Y todo ello pese a estar «demonizado» por quienes poco conocen de la realidad del campo andaluz, lamenta la secretaria de organización de Industria de CCOO Sevilla, Mónica Vega. Porque es innegable que la comunidad autónoma más castigada por el paro agrario es Andalucía y, de hecho, su capital, Sevilla, es la provincia que cuenta con más beneficiarios del subsidio agrícola y la renta agraria en las épocas en las que no hay trabajo.
En concreto, son 43.328 los jornaleros que acceden a estas ayudas, según los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes a diciembre de 2016, lo que supone el 22,1 por ciento del total nacional –no hay que olvidar que, además de la andaluza y la extremeña, hay otras seis comunidades en las que alguna vez ha existido esta subvención aunque con cuantías muy inferiores–. Por eso, son precisamente los sevillanos los que más dinero reciben cada año para las obras del PFEA.
Pero estas partidas, que han «evitado la despoblación masiva de los 104 pueblos sevillanos y han permitido que los jornaleros puedan continuar en sus casas junto a su familia», llevan congeladas desde el año 2012, rondando los 33 millones de euros en Sevilla de los aproximadamente 216 millones que el año pasado el Estado asignó a este programa en todo el territorio nacional. Una cantidad que, sumada a las aportaciones de la Junta de Andalucía –11,2 millones– y la Diputación de Sevilla –3,7 millones–, destinadas sobre todo a los materiales, y los propios ayuntamientos –9,8 millones–, dio lugar a la realización de 361 obras y servicios con una previsión de contratación de 25.000 contratos temporales y unos 442.000 jornales. Estos datos fueron facilitados por la institución provincial, también fiel defensora de este programa de inversiones.
Y es que el gasto real que supone el PFEA, incluyendo el pago del subsidio agrícola y la renta agraria, asciende a «unos 900 millones de euros anuales», explica la secretaria de organización de Industria de CCOO Sevilla, cifra a su juicio irrisoria si se compara con las subvenciones que reciben los grandes latifundios: «El dinero que se destina al PER es un 15 por ciento de lo que cada año se llevan en subvenciones europeas el 6,5 por ciento de las grandes rentas de la agricultura, que ronda los 6.000 millones de euros», incide Vega. Y recuerda que «igual que en otros sitios se invirtió en industria, aquí se decidió potenciar el mundo rural para no convertir nuestros pueblos en cementerios».
Hasta tanatorios se han construido en algunos municipios, que «son lo que son gracias al PER». Las actuaciones que se pueden acometer con su asignación comprenden equipamientos e instalaciones deportivas; equipamientos e instalaciones públicas, culturales y educativas; infraestructuras públicas en vías y obras; infraestructuras turísticas; instalaciones, espacios y equipamientos sociales; parques, jardines y medio ambiente; así como y naves industriales y almacenes.
SUMA DE PEONADAS
Los jornales que se generan en el PFEA permiten sumarse a las peonadas necesarias para que los trabajadores cobren el subsidio agrícola o «paro viejo», eso sí, con salvedades. Según establece el SEPE, solo pueden contabilizarse un máximo de 15 jornadas de este programa si se es desempleado mayor de 35 años o menor de dicha edad con responsabilidades familiares. Además, se tiene que haber cotizado 20 jornadas reales si se ha cobrado el subsidio el año anterior o 30 si no se ha percibido la ayuda en ese periodo. Quienes cobran la renta agraria, por cierto, ni siquiera pueden sumarse las peonadas del PFEA, una «discriminación», según Vega, que además es contradictoria, pues para ser contratado en las obras de este programa «tienen prioridad» los beneficiarios de la mencionada subvención.
Tampoco resulta fácil lucrarse con esto del PER. En la actualidad, 35 jornadas mínimas cotizadas garantizan una prestación de 426 euros durante seis meses, si bien a esto hay que restarle los 86,70 euros que cuesta cada mes el conocido como sello agrario. «¿De verdad creen que un jornalero prefiere cobrar menos de la mitad de lo que cobra un desempleado del Régimen General de la Seguridad Social?».
Mención aparte merece el tema del fraude en el campo. La secretaria de organización de Industria de CCOO Sevilla aclara que «en lo que es el PER no puede existir fraude», pues los contratados por el programa son directamente seleccionados por el SEPE. Eso si nos referimos a supuestas contrataciones a dedo, ya que Vega insiste en que «los seleccionados pasan por mil filtros desde el Servicio Público de Empleo y, por tanto, no existe esa posibilidad».
Distinto es que se relacionen de manera errónea conceptos como la compra de peonadas, las cuales Vega vincula con los «empresarios sin escrúpulos» que se ahorran cotizaciones a la Seguridad Social porque no dan de alta a los trabajadores. Ahí, en cualquier caso, la solución se encuentra en el verdadero control de las «mafias que están instauradas en el campo sevillano». Estas llegan a declarar las peonadas hasta un mes después de que se hayan llevado a cabo o incluso dan de alta a los trabajadores después de que hayan realizado su trabajo, «llegando en ocasiones a cobrarles por sus propias peonadas», apunta Vega. Hay que recordar que hace tan solo unos meses el dueño de la empresa Agrícola Espino, con sede en Tocina-Los Rosales, fue detenido por un presunto delito de fraude a la hacienda pública al no declarar más de 600.000 euros en cuotas a la Seguridad Social. También están siendo investigados al menos medio millar de trabajadores por, supuestamente, comprar peonadas para cobrar el subsidio, algo que ellos mismos niegan pues aseguran ser víctimas del agujero creado por el empresario.