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La alcaldesa de Cantillana, Ángeles García Macías. / El Correo
La alcaldesa socialista de Cantillana, Ángeles García Macías, tendrá que ir a declarar este lunes como investigada ante un juez de Lora del Río por un supuesto delito de prevaricación urbanística tras una denuncia interpuesta por el PP por la construcción de una escuela de equitación en la localidad, a pesar de que la Junta de Andalucía emitió un informe negativo para su construcción, según informaron ayer los populares en una nota de prensa.
La regidora admitió ayer que ha sido citada, pero aseguró que en las acusaciones por las que se le investigan «hay multitud de falsedades». García Macías fue muy parca en palabras y se limitó a indicar que no hablará del tema hasta explicar los hechos donde lo tiene que hacer. No obstante, advirtió que no descarta adoptar las medidas que considere oportunas, porque, según reiteró, no es cierto todo lo que dice el PP.
Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Cantillana, Enrique Naranjo, aseguró ayer en una nota que «el 4 de enero de 2016 se inició en el Ayuntamiento de Cantillana la tramitación para la construcción de un centro ecuestre que, según el proyecto, se llevaría a cabo en suelo no urbanizable». «Como consecuencia de este trámite, y después de que la arquitecta técnica municipal afirmara en su informe que el proyecto de actuación incumplía la normativa urbanística, es la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la que, según resolución de 15 de julio de 2016, deniega la aprobación del proyecto porque no cumple con las determinaciones urbanísticas de aplicación», explicó Naranjo.
Sin embargo, según el portavoz del PP, y a pesar de este informe contrario de la propia Junta, «el proyecto siguió su curso ante la inacción de la alcaldesa que no hizo absolutamente nada a pesar de conocer que se estaba realizando una actividad irregular en suelo no urbanizable y en contra de la normativa y de la opinión de los técnicos manifestadas en sendos informes».
El portavoz del PP indicó que «en democracia los representantes públicos están para proteger la ley y defender los intereses de los ciudadanos» y debido a que la regidora miró para otro lado, «desde el PP de Cantillana interpusimos una denuncia contra la alcaldesa el 29 de junio y como consecuencia, el lunes ha sido citada para declarar».