Un juez pide al Ayuntamiento de Constantina restituir a su tesorera

Varapalo judicial al actual gobierno municipal de Constantina, liderado por la socialista Eva María Castillo Pérez. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Sevilla ha dictado una sentencia en la que insta al Ayuntamiento a que restituya en el puesto de tesorera a Ángela Aranda González, cesada de sus funciones y enviada al servicio de secretaría. Es más, el juez manifiesta que el Consistorio no justifica debidamente el cese y entiende que Aranda González fue apartada por haber «participado en una lista electoral», tal y como argumentaba la extesorera en su recurso.

Cabe recordar que la actual regidora llegó a la Alcaldía en enero de 2016 tras la moción de censura que presentó su grupo municipal, el PSOE, y dos de los concejales andalucistas contra el por entonces alcalde, Manuel Álvarez, de Ciudadanos X Constantina (CxC), lista por la que también se presentó a las elecciones municipales la extesorera.

La actual regidora, al poco tiempo de asumir la Alcaldía –en el mes de marzo–, cesó del cargo de tesorera a Aranda González, por lo que esta recurrió la decisión del gobierno local alegando una represalia política.

Castillo Pérez defendió entonces su decisión justificando que la extesorera es administrativa y que su traslado a la secretaría se debió a motivos de organización y a que su trabajo en tesorería lo podía realizar otra persona. Tanto en los medios de comunicación como ante el juez, el gobierno local defendió que el cese «no es por pérdida de confianza, sino que se debe a razones técnicas», por la necesaria reestructuración de personal «para conseguir una gestión más eficaz de sus servicios». Además, el Ayuntamiento aseguró que no ha existido acoso ni represalia política para enviar a otro departamento a la hasta entonces tesorera.

Aranda González, sin embargo, entendió su cese como represalia política por lo que recurrió la decisión del gobierno ante los tribunales, que ahora le han dado la razón. El juez considera que el Ayuntamiento no ha acreditado suficientemente que el traslado de la demandante no haya sido por un motivo político o por incremento de trabajo y, además, no justifica debidamente que las razones para su cese no hayan sido por haber ido Aranda González en las listas de CxC. Por ello, en la sentencia el juez falla en favor de la demandante y pide que se le restituya en su puesto de tesorera, con los emolumentos correspondientes desde su cese y condena al Ayuntamiento a pagar las costas.

Esta condena, sin embargo, no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que va a hacer el Ayuntamiento, según informaron ayer fuentes municipales, quienes indicaron que la regidora «por respeto al proceso no se va a pronunciar hasta que haya una sentencia firme».

Asimismo, según señalaron las mismas fuentes, la alcaldesa se pronunciará cuando el proceso haya concluido definitivamente.