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Un cangrejo rojo en Isla Mayor./ Jesús Barrera
Las más de 250 familias que viven de la pesca del cangrejo rojo en Isla Mayor respiran desde ayer más tranquilas después de que el Congreso de los Diputados aprobara la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad por la que se amnistía la caza y pesca de algunas especies invasoras, entre ellas el cangrejo rojo, además de la trucha arcoiris o el arruí, con tal de controlar su población y su erradicación. La proposición no de ley, presentada por el PP, venía a buscar una solución legal a la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo en la que se prohibía la extracción, tenencia, transporte y comercialización en vivo de especies como el Procamburus clarkii, y que ponía en jaque la industria construida por cinco empresas isleñas que generan un negocio de 20 millones de euros, además de emplear a gran parte del municipio.
Según el texto, seguirá estando prohibido soltar, pescar o cazar especies invasoras en aquellos lugares donde tales especies no estuvieran asentadas antes del año 2007, de modo que aseguran que no se extenderán a nuevas zonas. No es el caso de Isla Mayor, donde la especie entró a mediados de los años 70.
Tras la sentencia del Supremo, la Junta de Andalucía se vio obligada a tomar cartas en el asunto y salvar una industria que exporta más del 80 por ciento de su producción. Así, la Consejería de Medio Ambiente firmaba hace dos años in extremis un plan de control poblacional que permitía eludir la prohibición del Alto Tribunal. La intervención del Gobierno andaluz fue clave para salvar las dos últimas campañas; una gestión que está avalada con la modificación de la ley, ya que reconoce las competencias autonómicas.
El texto permite también habilitar un mecanismo excepcional para que la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad pueda acordar, en casos excepcionales y en supuestos con regulación específica, suspender la catalogación como invasora de una especie o bien descatalogar una que ya estuviera previamente catalogada, según recoge Europa Press.
La modificación de la ley tiene un gusto agridulce para el municipio. A nivel económico, la votación es un triunfo que otorga «seguridad jurídica» a la industria del cangrejo rojo pero una «desilusión» para una localidad gobernada por el PSOE, indicó su alcalde, Juan Molero. Y es que su partido, el grupo liderado por Pedro Sánchez, votaba ayer en contra de la modificación, al igual que Unidos Podemos, Compromís, Equo, Bildu y Esquerra Republicana. La reforma salió adelante con los 179 votos del PP, Ciudadanos, el PNV y el PdCat.
En opinión de Molero, «lo inteligente hubiera sido abstenerse». El alcalde isleño aseguró que los diputados andaluces presionaron hasta el último momento «para, por lo menos, abstenerse». Sin embargo, «desde Ferraz se ha aplicado la disciplina de partido y se han visto obligados a votar en contra», relataba el, paradójicamente, regidor socialista.
Este año, la campaña se retrasará un poco «porque el arroz se ha sembrado 20 días más tarde», apuntó Molero, quien, a pesar del enfado con su partido, se mostró satisfecho con el desenlace de la votación. Así pues, los cangrejeros isleños se preparan «con la tranquilidad» de que la pesca del cangrejo vuelve a ser una actividad legal para en algo más de un mes lanzar sus nasas –redes– a los arrozales.
Recurrir
Las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF anunciaron, tras conocer el resultado de la votación, que solicitarán al Gobierno que recurra la ley ante el Tribunal Constitucional porque supone dar «jaque a la conservación de la naturaleza». Según los conservacionistas, la modificación desprotegerá la biodiversidad en España al permitir la expansión de especies exóticas invasoras.
Según recoge Europa Press, la iniciativa del PP aprobada ayer incumple el artículo 45 de la Constitución Española, la sentencia del Tribunal Supremo y los acuerdos internacionales que España asumió en la Convención sobre la Diversidad Biológica, así como la Estrategia Europea de Biodiversidad, que se dirigen a poner freno a la introducción de especies invasoras, al tiempo que va en contra del «amplio» consenso científico contra la modificación.
Para el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, el cambio en la ley se trata de un «sinsentido» en el que han logrado ponerse de acuerdo «todos los grupos de derecha» en favor de actividades económicas y recreativas «en contra de todos los criterios de conservación».