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Presentación de la plataforma contra el dragado del Guadalquivir. / Efe
No se admiten ciudadanos. Aunque no existe ese cartel a la entrada del Puerto de Sevilla, ese es el lema fundamental de una administración en la que no existen canales de participación ciudadana de ningún tipo. La prueba más sangrante ha sido la manera en la que la Autoridad Portuaria de Sevilla compinchada con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) intentó colar por la puerta de atrás en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015 el dragado de profundización del río, que finalmente ha impedido el Tribunal Supremo (TS). La sentencia, aplaudida por organizaciones ecologistas, profesores de universidad y plataformas ciudadanas, rechazaba el dragado al considerar que no era una «medida complementaria» en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, como se planteaba desde el documento de la CHG, sino una modificación sustancial que requería estar en el plan hidrológico desde el principio. El Supremo también recalcaba que tampoco se justificaba suficientemente esta obra; de hecho, el Plan Hidrológico justificaba el dragado del Guadalquivir en apenas tres párrafos que se basaban además en un estudio pagado por el Puerto de Sevilla en 2001, que ha sido ampliamente desprestigiado por catedráticos de varias universidades que han dejado claro que era un estudio sectario y tendencioso, falto de cualquier rigor.
Pero el alto tribunal no era contundente con lo verdaderamente grave de esta maniobra torticera llevada a cabo por el Puerto de Sevilla y la CHG: el proyecto de dragado del Guadalquivir eludió de manera interesada la exposición pública a la ciudadanía. Secuestró el debate a la ciudadanía. «El proyecto de dragado no apareció durante el proceso de planificación hidrológica», explica el catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral, quien aclara que «ni siquiera pusieron en el documento de exposición pública la foto de la nueva esclusa, que ya estaba terminada». Un intento de fraude a la ciudadanía que se completó tras el periodo de alegaciones cuando en el documento final aparecía el dragado como una medida compensatoria. El investigador de la Universidad Pablo de Olavide, Jesús Vargas, especialista en el estuario del Guadalquivir, reconoce que le sorprendió la sentencia al no ser contundente y poner la lupa sobre el secuestro del debate ciudadano: «La Directiva Marco de Aguas -el documento básico de la UE para la gestión del agua en los países miembros- considera la gobernanza como algo ineludible; sin embargo, la sentencia no consideraba que la nula participación ciudadana sobre el dragado sea el argumento principal para tumbar este proyecto».
Tras la paralización del dragado por el TS, la Autoridad Portuaria de Sevilla ya apuntó que esa sentencia afectaba al Plan Hidrológico del Guadalquivir 2009-2015, pero no al proyecto. Y así va a ser, porque la nueva estrategia tramada por el Puerto de Sevilla es presentar el proyecto de dragado, bien maquillado esta vez para que no se le atribuya que está escasamente fundamentado, en el periodo de alegaciones sobre el nuevo Plan Hidrológico 2016-2021, que finaliza el próximo martes. El documento de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir sobre el que se están presentando alegaciones, presenta actualmente el proyecto de dragado en los mismos términos en los que fue tumbado por el Tribunal Supremo, ya que la sentencia del alto tribunal fue posterior a la redacción del Plan Hidrológico. Sin embargo, eso abre una nueva vía al Puerto para presentar como una alegación el proyecto de dragado, subsanando todo aquello que el Supremo le tumbó en el plan de 2009-2015 y volviendo de nuevo a eludir el debate ciudadano, ya que la justificación del dragado que hace el Puerto no se conocerá hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la incorpore en el documento final.
El compadreo entre Puerto de Sevilla y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es tal que el presidente en funciones de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Francisco Herrero, ya ha vendido la piel del oso antes de matarlo y esta semana se atrevió incluso a decir públicamente cuando empezarán las obras del dragado: en el 2017. No hace falta esperar a ver si la CHG aprueba o no las alegaciones. Lo da por hecho. Es la seguridad que da tener detrás un gran ‘pelotazo’ urbanístico que ya empieza a cosechar sus frutos, porque tras la construcción de la nueva esclusa (única obra que han podido realizar en el Puerto de Sevilla vinculada al dragado) ya se han liberado 100 hectáreas de suelo urbanizable, como denunció el catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral, en una reunión de la Fundación Nueva Cultura del Agua celebrada en Ronda (Málaga) donde se citaron los principales expertos en materia de aguas de toda España y varias organizaciones ciudadanas y ecologistas.