Cuando se cumplen 19 años de la reapertura al público de la estación de Córdoba como centro comercial, este edificio catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) regresa a manos públicas. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha decidido adquirir el 60 por ciento de los derechos para la gestión y explotación del edificio –ya contaba con el 40 por ciento restante– que estaba en propiedad de la empresa Riofisa. La razón esgrimida por el ente público es el deseo de esta empresa de salirse de la sociedad mixta constituida en 1999, fecha de inauguración del centro comercial. Sin embargo, la justificación de esta compra está más bien en la urgente necesidad de rehabilitar la fachada de este edificio protegido que supone un elevado coste que la empresa no podía asumir.

La operación se dio a conocer hace una semana en la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2018. En el documento se recoge una partida de 2,6 millones para la adquisición de los derechos de explotación del centro comercial Plaza de Armas por parte de Fidalia, entidad perteneciente a Adif. Además, la proyección plurianual de las cuentas recogía otra cuantía, de 1,9 millones, destinada a la reforma de la fachada de cara al próximo año 2019. El dinero consignado es más del doble (900.000 euros) que el que recogía el proyecto que recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta en diciembre de 2016.

Adif aclaró al respecto que la operación venía motivada por la intención de Riofisa de salirse de la empresa gestora Necsa –constituida en un 60 por ciento por esta empresa y en un 40 por ciento por el ente ferroviario–, para lo cual se acordó destinar estos 2,6 millones para que la administración central se hiciera cargo de todo el recinto. Al respecto, Adif aclara que este movimiento no afectará a los negocios que operan en el edificio, que se mantendrán tal cual. Aunque todavía no se ha tomado una decisión, todo apunta a que será un rescate provisional y Adif procederá a medio plazo –posiblemente una vez que concluya la intervención en las fachadas– a sacar a concurso la explotación del centro a cambio de un canon anual, como es habitual en la administración pública.

Riofisa, de su parte, confirmó la operación, aunque negó que tuviera la intención de abandonar la sociedad conjunta con Adif. Más bien su marcha está motivada por «la necesidad financiera que requería el centro para la ejecución de las obras de mantenimiento de las fachadas y de la remodelación comercial que se necesitaba». «Necsa financieramente no tenía recursos para afrontar tan importante inversión, por lo que salida natural era la cesión a un tercero que pudiera acometerla», indican desde Riofisa. Y ese tercero es la sociedad Adif.

La operación permite divisar, al menos, una hoja de ruta para poner en valor de nuevo la estación de Córdoba, un edificio que ostenta la catalogación de BIC desde 1990 y que en enero de 2012 se vio obligado a colocar unas lonas de protección dado que los ladrillos que componen la fachada sufrían –y sufren– microrroturas internas por el uso de arcillas de baja calidad y con un alto contenido en yeso durante su fabricación, agravado por un defectuoso proceso de cocción en los tejares y la contaminación ambiental.

Ese diagnóstico se detalló posteriormente a través de un estudio desarrollado por la Universidad de Sevilla, que detectó que el origen del problema estaba en una partida de ladrillos adquirida en una fábrica no identificada por la compañía MZA –antecesora de Renfe–, que construyó la estación entre 1898 y 1901. También pudo influir en su deterioro la contaminación por humos y gases –de carbón, en las primeras décadas; más tarde, de fuel–.

Desde 2012, la intención inicial era acometer con rapidez los desperfectos detectados. Sin embargo, la responsable de los trabajos pospuso hasta en seis ocasiones el inicio de las obras: dos veces en 2013, dos ocasiones más en 2014, otra más en 2015 y finalmente otro más hasta el 31 de octubre de 2016, fecha en la que la Gerencia de Urbanismo, cansada de esperar, lanzó un ultimátum al tratarse de un edificio protegido con la catalogación de monumento. Sin embargo, el problema finalmente no era de falta de deseo y voluntad de los gestores, sino de falta de fondos económicos. Un problema que parece resuelto una vez que el inmueble vuelve a ser de propiedad exclusivamente pública.