Magistrado del Tribunal Constitucional desde marzo, Cándido Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado desde 2004 hasta 2011. Esta semana ha visitado Sevilla para dar la conferencia La Justicia contra la corrupción dentro del Foro Diálogos por Andalucía organizado por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Antes dedicó unos minutos a El Correo.
—¿Está la Justicia española preparada para afrontar los casos de corrupción?
—La Justicia española está muy bien preparada para luchar contra la corrupción. Los ciudadanos al ver tantos asuntos que se investigan tienen la impresión de que hay más corrupción que antes. Pero la realidad es que hoy se lucha más intensamente contra la corrupción. El que haya tantos asuntos en los juzgados quiere decir que están aflorando porque la Justicia tiene hoy medios y capacidad para llegar a asuntos muy complejos para los que antes no tenía medios suficiente.
—La Fiscalía promete más fiscales para casos como los ERE. ¿Hay que ampliar también la plantilla de jueces?
—A los ciudadanos le gustaría que la Justicia funcionase con más agilidad y necesitamos reformas para hacerla más ágil. Pero aunque la Justicia vaya a veces con demasiada lentitud, es un tren que no para y al final atropella a todos los corruptos. La Justicia va a terminar sancionando a todas las personas que lo merecen porque tiene la capacidad para hacerlo.
—Como fiscal general del Estado que fue. ¿Cree que José Manuel Maza y Manuel Moix deberían dejar su cargo tras la reprobación del Congreso?
—No puedo pronunciarme sobre temas políticos y tampoco sobre una decisión que le corresponde a otras personas. Respeto absolutamente el trabajo de mis sucesores y sé perfectamente además lo difícil que es este trabajo.
—¿Pero cree que al menos debe investigarse en profundidad este asunto?
—La Fiscalía Anticorrupción siempre ha trabajado con total dedicación y con gran eficacia. Es un instrumento muy delicado pero muy eficaz, que no existe en otros países, y es el instrumento que mejor ha servido para desenterrar la corrupción. Sin Anticorrupción la mayor parte de los casos que hoy existen en España no se habrían descubierto y no se habrían podido condenar. Por eso es una institución que hay que proteger y que hay que preservar de cualquier incidencia, porque es clave para el sistema democrático.
—No es la primera vez que se habla de presiones. Ya ocurrió en el caso Nóos y la propia jueza Alaya lo dijo. ¿Está la Justicia politizada?
—La Justicia no está politizada. Los jueces llevan en su ADN y en su profesionalidad resistir cualquier tipo de presión. Estoy completamente seguro de que el tribunal del caso Nóos actuó con absoluta independencia, al igual que cualquier otro tribunal. Los jueces oyen las opiniones mediáticas y políticas pero al final deciden siempre con independencia.
—Casos como el de Cristina Cifuentes o la propia instrucción de Alaya se han cuestionado por los informes policiales. ¿Qué credibilidad real tienen?
—La Policía hace un gran trabajo de investigación y el suyo es un oficio apasionante y, por eso, la Policía se apasiona. Obviamente su investigación tiene una visión policial, pero para eso existen los jueces que son los que al final tienen que resolver de manera totalmente imparcial. Un informe policial es importante y debería mantenerse siempre que fuera posible cerrado. Y hay que tener en cuenta que aunque es importante no es determinante y hay que garantizar la presunción de inocencia. Por eso no se debería exigir responsabilidades demasiado pronto.
—¿Entonces cuándo debe dimitir un imputado?
—No ha de tomarse decisiones en juicios de dificultad hasta que el juez se pronuncie.
—Acaba de decir que los informes sean reservados. ¿Es usted partidario de que se persigan las filtraciones?
—Es un tema delicado por el contraste entre la libertad de información que debe primar en una sociedad democrática y las necesidades de una investigación. Pero si el juez ordena el secreto, esa orden debería ser respetada. En otros países existen sanciones cuando no se hace. Deberíamos repensar la conveniencia de un mayor respeto a las decisiones sobre el secreto.
—La corrupción ha puesto sobre la mesa el tema del aforamiento. ¿Habría que limitarlo?
—El sistema de los aforamientos en España está muy vinculado a la existencia de la acción popular. Esto debería tratarse dentro de una reforma conjunta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se puede tratar cada caso por separado. No podemos vivir en el siglo XXI con una ley del siglo XIX. Gran parte de los problemas de la Justicia vienen porque se mantiene una ley del siglo XIX.
—¿Es la reforma más urgente que necesita la Justicia?
—Es la reforma más urgente: cambiar una ley del siglo XIX por una del siglo XXI, acorde con el sistema de los países democráticos de nuestro entorno. La ley actual ha sido objeto de parches y parches y ahora somos un ciudadano que circula por la calle con un traje lleno de remiendos.
—Y cómo en otros países, ¿es partidario que el fiscal asuma la instrucción?
—Soy partidario de hacer lo que hacen todos los países del mundo menos España. Con todo el respeto al juez de Instrucción, que ha realizado un gran papel pero ya es el momento de jubilarlo, creo que hay que adaptar nuestro sistema al alemán, al italiano o al de Suecia. Son países en los que la Justicia funciona mejor que aquí porque tienen un sistema más moderno.
—El Constitucional ha tumbado el cobro de la plusvalía en caso de pérdidas. ¿Qué supone esta sentencia? ¿Y cómo afectará a los ayuntamientos?
—Para mi es una satisfacción poder dictar sentencias que benefician a los ciudadanos. Si no ha existido una plusvalía por qué se va a pagar por una plusvalía inexistente. Lo que lo dice el Constitucional, me parece una conclusión elemental, pero alguien tenía que decirlo. Los ayuntamientos tendrán que adaptarse a lo que diga el Tribunal.
—¿Hay que reformar la elección de los magistrados del Constitucional y del Consejo del Poder Judicial?
—No puedo pronunciarme sobre una decisión que le corresponde al legislador. Todo se puede mejorar, pero soy muy partidario de la democracia representativa. Si nosotros elegimos a nuestros representantes tenemos que meditar bien a quién elegimos y confiar en ellos. Creo que el Parlamento está legitimado para tomar decisiones y hemos de confiar en lo que decida.