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María José Abad, intérprete y profesora de lengua de signos, junto a su marido, ayer en la Consejería de Educación. / Manuel Gómez
«Soy una madre cansada y avergonzada», expresa María José Abad. Es madre, hija (por parte de sus dos progenitores) y esposa de sordos. «Se predica la inclusión en Andalucía, pero es mentira. En tiempos de mis padres al menos podían encontrar trabajo».
No es que en los años 60 o 70 la cosa fuera fácil, pero las empresas necesitaban personal que no atendiera al público y muy concentrado en tareas concretas. Los sordos no se distraían. El padre de María José, fallecido hace 10 años, trabajaba en una empresa de vidrio de Sevilla. Su madre, igual que él, sorda, era ama de casa. Lo habitual antes del desembarco laboral de la mujer. «Ahora», insiste María José, «la sordera es una discapacidad odiada, temida... los empleadores oyentes y la Administración parece que la asocian al retraso mental, cuando no tienen nada que ver. Y cuando ofertan un trabajo pretenden que el empleado haga todo, incluso atender al teléfono, lo que un sordo no puede. Pero esto solo pasa en Andalucía. Muchos sordos sí encuentran trabajo en el País Vasco».
María José, intérprete y profesora de lengua de signos –es su lengua materna pese a ser oyente– aprendió de forma natural a expresarse con las manos a través de sus padres. «Era como si tuviera padres ingleses que me hablaran en su propia lengua». El castellano oral lo aprendió en la guardería. Sus padres lo aprendieron en el colegio La Purísima de Madrid.
Eran otros tiempos, los años 50 y 60, no se oía hablar de inclusión y lo normal era enseñar a los sordos todos juntos y separados. Porque parecían personas diferentes. «Queremos integración, no la falsa integración que les provoca a los niños sordos frustración, retrasos y el sentimiento de que son una carga», cuenta. Y lo explicará unos párrafos más adelante.
Lo único diferente cuando María José fue creciendo es que para cualquier recado tenía que acompañar a sus padres de traductora.
En los años 10 de este siglo la historia de discriminación se repite, aunque distinta. Su marido, Eduardo, técnico de informática, lleva siete años en paro. Ni oportunidades ni entrevistas. Hasta los portales virtuales, explica María José, «lo descartan automáticamente» en cuanto informa de su sordera. Ni siquiera atienden a los sordos, lamenta la intérprete, las empresas que sí son sensibles a otras discapacidades. «Con la crisis han sufrido muchísimo», remata.
Sus padres, en cambio, entraban en la empresa donde ya tuvieran familiares oyentes. Por algún extraño motivo, hace décadas la Renfe, relata, se llenó de sordos. Hoy la barrera está en que muy pocos sordos sobrepasan la titulación obligatoria. Porque se lo ponemos entre todos muy difícil o miramos para otro lado.
Pero quizá la historia que remarca lo que cuesta dejar atrás los relatos de marginación y discriminación sea el de su hija sorda de 11 años. «Se nos vende una inclusión muy bonita que no es cierta. En la Educación Primaria ella quería estudiar con la lengua de signos, pero el apoyo lo hemos tenido que costear la familia».
La niña cursó su educación básica en un colegio concertado de Sevilla capital. Su caso saltó a los medios de comunicación en 2015 cuando la pequeña Natalia, entonces de 10 años, dejó las clases en el colegio El Buen Pastor durante meses por ansiedad.
La pequeña, que ya ha comenzado la Educación Secundaria, fue, explica su madre y a pesar del conflicto con el colegio primero y la Administración educativa después, una especie de privilegiada: los niños sordos de padres oyentes, que nunca han tenido contacto con la lengua de signos, siguen como pueden las clases en Primaria, para tener que aprender la lengua de signos de golpe en Secundaria, donde Educación sí les pone a su disposición un intérprete.
«Las carencias con las que llegan a Secundaria simplemente desaparecerían si aprendieran la lengua de signos en la infancia», sentencia María José, que siente que la Administración ni «vela por los sordos ni les da oportunidades», cuando en otras comunidades percibe que se les trata mejor.
«En Andalucía se predica su inclusión en los discursos y los papeles, pero los muros mentales parecen de hormigón. La Delegación de Educación es cruel con los sordos, cuando hay infinidad de intérpretes sin trabajo que podrían contribuir a enseñarles».