«Aquí resucita Von Karajan y no lo dejan dar clase. Pero si hace un master sí podría ser catedrático». Es el ejemplo del que tira Luis Orden, profesor de flauta travesera del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, para explicar su extrañeza ante el baremo con el que la Junta de Andalucía va a otorgar 57 plazas de catedrático este año. Entre otras cuestiones, incluye la obligación de haber realizado un doctorado o un master, o poseer el Diploma de Estudios Avanzados, titulaciones que hay que obtener en una universidad, porque en las Enseñanzas Artísticas Superiores, directamente, no existen.
Orden califica todo el proceso como «un despropósito». En buena parte, porque no incluye una oposición en la que haya que demostrar la capacidad, que aquí puede traducirse en un porcentaje enorme de casos como que cada aspirante sea verdaderamente excepcional como intérprete del instrumento del que aspira a ser catedrático. La propuesta de Educación, que se presentó a los sindicatos el viernes pasado en la mesa sectorial, «no garantiza que entren los mejores profesores a dar clases. Todo lo contrario».
«No me cuesta entenderlo –continúa–. La administración suele tomar decisiones muy absurdas y ésta es una más. El conservatorio está en una situación patética, no espero grandes cosas», lamenta antes de apuntar que esta situación «era casi de esperar. Obedece a intereses de parte del profesorado. Esto se ha convertido en una especie de negocio en torno a los master».
La última convocatoria de plazas de catedrático en Andalucía tuvo lugar en 1990. Quedan algunos catedráticos en activo, aunque muchos se han ido jubilando. Todos accedieron al puesto después de superar un exigente concurso oposición, que incluía la confección de una memoria, una prueba pedagógica y un examen, que consistía en tocar delante de un tribunal formado por catedráticos. En principio, la administración pretende volver a ese sistema el año próximo, para el que ha reservado otras 83 plazas. Este año, entre otros problemas, no dispone de catedráticos suficientes para formar los tribunales.
Una de los seis catedráticos que todavía quedan en el Conservatorio Superior de Sevilla es María Vicenta Diego, catedrática de arpa. Hace justo una semana participó en la baremación de méritos para acceso a cátedra en Asturias, en un proceso con muchas similitudes con el andaluz. No ha vuelto muy contenta. «Vengo indignada, vengo frustrada», resume, y pone el ejemplo de piano, donde los 16 aspirantes se convirtieron en catedráticos, y todavía sobró una plaza. «Parece mentira que haya que explicarle a alguien que yo, como alumno, quiero a un buen profesor de mi materia. Pero hay que explicárselo. Lo importante –reitera– es tener lo mejor en el instrumento que yo quiero estudiar».
Anticipa que en Andalucía podrá suceder algo parecido, y apunta las consecuencias: «Cada vez tenemos menos alumnos. Los buenos se van, y cada vez se van a ir más».
Otro de los catedráticos que quedan en Sevilla tiene una posición parecida. «El problema es de base. No hay una idea clara de qué es un conservatorio superior, o de qué debe ser. No nos sirve de mucho tener cinco, que es casi un despropósito y es algo que no hay en ningún sitio de Europa, si ninguno tiene un nivel real de Conservatorio superior», razona Benito Mahedero, catedrático de Historia y Estética.
Para Mahedero, los baremos son absurdos, y contribuyen a «eternizar el problema: tenemos conservatorios superiores que sólo son superiores por el nombre. El hecho es que la gente se va», coincide con sus compañeros.
Valentín Sánchez une a su condición de profesor de violín en el Conservatorio Superior Manuel Castillo su labor como secretario en la Asociación de Profesores Superiores de Música, que reúne ya a alrededor de 70 profesores en toda Andalucía. «Ante la inminente salida de este borrador, queríamos tener personalidad jurídica para hacerle ver a la administración nuestra inquietud», explica sobre los motivos para la creación del colectivo.
Sus argumentos están en la línea de sus compañeros. Por ejemplo: «Se nos exige un título que es ajeno a nuestra enseñanza», o bien: «Accederá a las cátedras un perfil de profesorado que no sabemos cómo toca». Queda poco tiempo, y en la asociación lo asumen. «Lo que queremos hacer es minimizar daños, que la administración nos oiga. Que escuche a las personas que llevamos muchos años dando clase aquí y conocemos nuestras características, y qué debemos hacer para alcanzar la excelencia educativa». Su conclusión tampoco sorprende: «Están consiguiendo que los alumnos se vayan de Andalucía. Huyen».
Los alumnos se reúnen en asamblea
Un grupo de alumnos del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo se han reunido en una asamblea, que ha tenido lugar en el patio del edificio, con un objetivo claro: plantear posibles actuaciones que puedan modificar, o paralizar, la intención de Educación de conceder 57 plazas de catedrático con un baremo de méritos con el que no están de acuerdo.
Los representantes de los alumnos en los consejos escolares de los cinco conservatorios superiores andaluces han dirigido un escrito a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, en el que cuestionan el sistema por el que se otorgarán esas plazas, que saldrán a concurso de méritos. «No queremos a profesionales de calidad cuestionable, cuyo ingreso se haya debido a un desconocimiento profundo de las necesidades educativas de las enseñanzas artísticas superiores», anunciaban en ese escrito.
Sus demandas están claras: «Solicitamos la paralización del proceso o, en su defecto, el endurecimiento de los méritos y baremos», para lo que proponen criterios diferentes a los que plantea la Junta: «valorar la carrera artística, concertística y pedagógica por encima de los años de funcionario de carrera, pues estos no aseguran la competencia profesional del opositor al cuerpo de catedráticos». Piden, explican, una garantía de calidad educativa.
La Junta dice que los criterios son «objetivos»
La Junta de Andalucía resume su posición y asegura que «el acceso a Catedráticos de Música y Artes Escénica está regulado por normativa básica del Estado, de obligado cumplimiento. Los requisitos para acreditar la formación y capacidad de tutela en las investigaciones coinciden con el de otras Comunidades Autónomas, y en algunos casos avalados no sólo jurídicamente sino judicialmente. Por tanto, creemos que los criterios son totalmente objetivos».~