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Cuando ir a trabajar supone un alto riesgo

Cada vez son más los profesionales que conviven con el miedo de resultar atacados por el hecho de ejercer sus respectivas funciones

18 feb 2017 / 08:24 h - Actualizado: 17 feb 2017 / 21:10 h.
  • Cuando ir a trabajar supone un alto riesgo
  • Todos los sindicatos piden que los organismos públicos tomen medidas contras las agresiones laborales. / E. C.
    Todos los sindicatos piden que los organismos públicos tomen medidas contras las agresiones laborales. / E. C.

Una agresión cada dos días a un funcionario de prisiones. Una media de tres a cinco coacciones o insultos por año a los empleados bancarios. Los sanitarios sufren casi 7.000 agresiones en los últimos 10 años. Uno de cada cuatro profesores sufren acoso físico o psicológico. Los funcionarios del Inem, los más expuestos a la violencia. Cada uno de los titulares anteriores constituye, en sí mismo, una radiografía del problema de las agresiones a profesionales en España. Cada colectivo se ve afectado por sus propias inercias negativas en este sentido pero, sin duda, el más afectado es el que atañe a los trabajadores en las cárceles.

En 2016, las prisiones españolas registraron 200 agresiones de internos al personal funcionario, 44 de ellas de carácter grave, superando casi en un 29% la cifra de los incidentes violentos que se recogieron en total en 2015. Esto indica, según el informe presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), que cada dos días, se produce una agresión en alguna cárcel de nuestro país. En septiembre del pasado año, en el Centro Penitenciario de Cádiz, una interna del Módulo 13 agredía a varias funcionarias. Una de ellas padeció un esguince cervical y traumatismo craneoencefálico. «Solo se conocen las agresiones físicas más virulentas, hay muchas coacciones que ni siquiera se denuncian por miedo a represalias; es el trabajador quien al día siguiente tendrá que volver a su centro de trabajo y vérselas de nuevo con el agresor», explica un portavoz del sindicato de funcionarios. Un mes después, un interno de la cárcel de Sevilla-I ha agredía a dos funcionarios a los que propinó patadas y mordiscos cuando se disponían a trasladarlo desde su celda hasta un hospital.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) critica «la inexistente respuesta desde distintos ámbitos, judiciales y administrativos, a las continuas agresiones que viene sufriendo el colectivo de profesionales penitenciarios». Lo más llamativo del caso es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «mantiene excluidos a los trabajadores penitenciarios del protocolo frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado», lamentan desde Acaip.

Insultos, empujones o abiertas coacciones para obtener tal o cual receta de un medicamento. Los sanitarios (médicos y enfermeros) conviven con las agresiones laborales; un fenómeno que se recrudece cuando estos desempeñan sus tareas en centros ubicados en zonas socialmente sensibles. «Las causas de las agresiones de las que hay registro se deben en su mayoría por discrepancias en la atención médica, por el tiempo en ser atendido y por no recetar las propuestas del paciente, entre otras causas», explican desde el Colegio Médico de Sevilla. Por otra parte, la cuestión del género se impone en este debate: 2,5 facultativas de cada mil fueron objeto de algún tipo de agresión en la provincia, especialmente en los centros de atención primaria, el escenario más habitual de estos comportamientos. A nivel nacional, la tasa de incidencia en mujeres fue de 1,56 por cada mil médicos, casi un punto menos que en Sevilla, donde el colectivo profesional femenino es víctima preferente de los agresores.

En cuanto al agresor, de acuerdo con las estadísticas del Colegio de Médicos, en el 43% de los casos se trata del paciente que tenía una cita programada y en el 35% de un familiar que le acompañaba. En el 22% restante, el agresor fue un paciente, pero sin cita previa concedida. «Voy a acabar contigo, niñata sinvergüenza». El exabrupto lo profirió un vecino de Dos Hermanas ingresado en el Hospital de Valme contra una de las enfermeras que allí trabajan. Sucedió en abril de 2016. Los juzgados de la provincia de Sevilla dictaron en 2015 (del pasado año aun no se disponen de los datos cerrados) un total de 86 sentencias condenatorias relacionadas con agresiones sufridas por profesionales de la sanidad.

Según datos oficiales del Sistema Andaluz de Salud (SAS), durante 2015 las agresiones al personal que desarrolla su labor en los hospitales y centros de salud de la provincia se incrementaron un 56%. El Sindicato Profesional de la Enfermería (Satse) denuncia «el absoluto colapso» del SAS para resolver miles de plazas de enfermería, matronas y fisioterapeutas, «muchas de ellas convocadas desde hace casi dos años, así como varias miles de otras categorías profesionales». Según la organización 8 de cada 10 enfermeras han sufrido en algún momento una agresión verbal o física. Por ello el sindicato aboga por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios. Otra demanda es que se introduzca como sujeto del delito al empleado público. De esta forma, todo aquel que trabaje para la administración, incluido el laboral, y no solo el funcionario o estatutario, estaría protegido ante las agresiones.

Otra parte importante en este reparto de desmanes se lo llevan los funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo (todavía conocidos como Inem). Trabajar en ellos se ha convertido, tras el recrudecimiento de la crisis en los últimos años, en lo que podríamos calificar sin temor de resultar excesivos, una profesión de alto riesgo. Las agresiones a estos trabajadores se han disparado un 56%, sumando un total de 326 casos en 2015, de los que una tercera parte fueron contra mujeres.

Las agresiones son motivadas, en la mayoría de los casos, por retrasos en la atención de las citas, desacuerdo en los trámites a realizar y, especialmente, por la denegación de prestaciones de desempleo y subsidios. Muchos funcionarios que trabajan en los servicios públicos sufren ansiedad y problemas cardiovasculares, tal y como denuncia el sindicato Csif. En Andalucía, el 76% de los funcionarios del antiguo Inem han sufrido insultos, amenazas y gritos, el 2,8% agresiones físicas (golpes en la mesa, tirar objetos), el 0,3% ha sido golpeado, y el 3,7% ha sufrido tanto agresiones verbales como físicas. «Cada persona que se sienta ante nosotros tiene su propia historia y, si viene aquí, esta no suele ser especialmente sencilla. Son los parados de larga duración el sector poblacional al que con más cuidado hay que dirigirse. El año pasado, por mayo, un hombre de mediana edad me agarró fuertemente la cabeza y asido a mis orejas me suplicó algo que no estaba en mi mano. Fue una sensación enormemente desagradable, de un lado aquello fue claramente una agresión física hacia mí, de otro, la mirada de desesperación que me clavó no la olvidaré», cuenta Javier, que no quiere ser identificado y que es empleado de una oficina del actual Sepe en la zona norte de Sevilla. María Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, indica que «este tipo de situaciones genera un miedo que puede extenderse al ámbito de las relaciones sociales, produciendo una bajada en la autoestima del trabajador que puede desembocar muy fácilmente en el diagnóstico de depresión».

El último informe del curso 2015-2016 del Defensor del Profesor en Andalucía contabilizó 146 casos de agresiones, lo que supone un ligero descenso respecto al ejercicio anterior y un 7,5 por ciento del total de 1.961 casos registrados a nivel estatal. Por provincias, Cádiz se encuentra a la cabeza (28), seguida de Sevilla con 23. Un 63 por ciento de los casos están relacionados con las dificultades para desarrollar con normalidad la labor docente, ligadas a menudo a faltas de respeto y agresiones verbales sufridas por el profesorado. Esta violencia se manifiesta de un modo más extremo mediante agresiones físicas (11% de los casos) y daños en propiedades del profesorado (6%).

Hay que destacar por último, el creciente acoso a través de los nuevos medios tecnológicos, que han supuesto el 20 por ciento de los casos denunciados. «Durante dos meses cada semana estuve recibiendo amenazas desde distintos teléfonos móviles, mediante SMS y con llamadas de madrugada», relata Javier, profesor de uno de los institutos más conocidos de Alcalá de Guadaíra. No lo denunció. En aquel momento –diciembre de 2014– entendió que aquel trance formaba parte de su trabajo. «Estaba razonablemente seguro de su origen pero, simplemente, aguanté el peligro. Me perjudicó familiarmente. Hoy no lo pasaría por alto», reconoce. Su caso solo es uno mas en el mapa de las profesiones que, de un día para otro, pueden volverse de alto riesgo.


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