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Los denunciantes ante los juzgados. / Jesús Barrera
La Junta de Andalucía «consintió» las malas prácticas de iDental e «incumplió con sus obligaciones». Así lo entienden la Asociación Sevillana de Afectados de iDental (ASAI), Podemos Andalucía y Marea Blanca, que presentaron ante la Fiscalía una denuncia que vincula a altos cargos de la delegación territorial de Salud y la inspección sanitaria con el fraude de las clínicas dentales. Los demandantes basan su escrito en un informe de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios (IPSS) con fecha de 4 de diciembre de 2017, en el que se analizan un total de 59 denuncias correspondientes a 55 pacientes y se insiste en la necesidad de ejecutar la «suspensión provisional de la autorización de funcionamiento de la clínica».
Tal y como adelantó este periódico hace unos días, la Junta estaba al tanto de las graves irregularidades de iDental a través de un informe con fecha de 8 de mayo de 2017. Por entonces, el inspector médico abogó por adoptar medidas cautelares que incluían el «cierre temporal del establecimiento», si bien las autoridades sanitarias desoyeron al médico que llevó a cabo la investigación al entender que no existían «pruebas objetivas». La decisión, que contó con la disconformidad del propio inspector –que no fue citado a dicha reunión–, instaba a la IPSS a seguir investigando el caso.
En este sentido, los días 17 y 22 de mayo y 2 de junio se llevó a cabo sendas visitas de inspección a la clínica de iDental para recabar toda la información disponible de las reclamaciones de carácter sanitario, que sumaron un total de 59. Para efectuar dicho análisis, la inspección contó con el apoyo de dos especialistas en Estomatología y Odontología, uno de la IPSS y otro perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Los resultados de las inspecciones indican la comisión de casi una veintena de irregularidades distintas, entre las que cabe destacar la extracción de piezas dentales de manera injustificada, la pérdida de audición permanente, la demora injustificada en la realización de los tratamientos o una mala planificación de estos, que llegó a provocar infecciones y pérdidas dentarias.
Para el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, el documento «pone de manifiesto una situación muy grave que podría suponer una responsabilidad de la administración andaluza en materia de salud pública». El dirigente de la formación morada aseveró que «no vale con que la Junta diga que van a ver cómo atender los casos pendientes, sino que hay una responsabilidad administrativa, judicial y, presuntamente, penal de los altos cargos de la administración sanitaria».
Según el portavoz de ASAI, Benito Lupiáñez, «el 80 por ciento de los afectados de iDental viven en alguno de los cinco barrios más pobres de Sevilla», que también son de los más pobres de España. Para Lupiáñez, este dato pone de relieve el hecho de que iDental «se ha cebado con las clases más humildes y populares».
Por su parte, la delegación territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía manifestó a través de un comunicado que, de aceptarse a trámite la denuncia, «se colaborará en todo momento desde la transparencia, como siempre se hace». Asimismo, el comunicado recuerda que en febrero de este mismo año se abrió un expediente sancionador que fue presentado ante la Fiscalía y que ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que tiene abierto un procedimiento judicial contra la clínica de iDental por un presunto delito de estafa.
Cronología
27 de marzo de 2017
Fue el día en el que el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla remitió a la delegación territorial de Salud una carta en la que informaba del «incremento desmesurado de quejas y reclamaciones» en iDental, las cuales estaban causando «graves perjuicios a los pacientes». La misiva rogaba a la delegada territorial, María de los Ángeles Fernández, la adopción de las «medidas oportunas».
24 de abril de 2017
Según instrucciones verbales del director de la IPSS, el inspector firmante del informe visitó al jefe del servicio de Consumo de la delegación, quien muestra la «gran cantidad y gravedad» de las reclamaciones. De esta visita se obtienen las copias y los anexos de las 127 denuncias registradas contra iDental y otras 15 de una segunda clínica del mismo propietario.
8 de mayo de 2017
Tras un «análisis muestral del contenido de las 142 reclamaciones», el inspector que suscribe el documento informa al director de la IPSS de la existencia de una «absoluta anormalidad» del funcionamiento de iDental y que está causando «un grave daño a la salud y al bolsillo de los ciudadanos». Ante estos resultados, el inspextor recomienda el «cierre temporal del establecimiento».
11 de mayo de 2017
La delegación territorial acoge una reunión en la que se decide «no adoptar medida cautelar alguna» e insta a la IPSS a seguir investigando». El 15 de mayo, el inspector firmante del informe –que no fue citado a dicha reunión– hizo constar por escrito su «disconformidad con las decisiones adoptadas». Según la delegación, la recomendación del inspector no se ejecutó por «falta de pruebas objetivas».
Mayo y junio de 2017
La IPSS visitó iDental en tres ocasiones: el 17 y el 22 de mayo y el 2 de junio. El objetivo era recabar toda la información disponible de las reclamaciones sanitarias, que alcanzaban un total de 59. Para ello, se contó con el apoyo de dos especialistas en Estomatología y Odontología. Sus conclusiones se plasmaron en el informe del 4 de diciembre, con la que la Junta abrió expediente en febrero de 2018.