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La Junta ha realizado 651 inspecciones en Sevilla desde la puesta en marcha del decreto. / Fotos: Jesús Barrera
Para no morir de éxito, el sector turístico analiza ahora cómo compatibilizar la convivencia en el centro histórico de las ciudades con el boom de visitantes nacionales y extranjeros, que cada vez más hacen uso de la opción del apartamento para alojarse en el corazón de las grandes capitales.
Sevilla no es ajena a este debate. De hecho, está siguiendo de cerca qué actuaciones se están llevando a cabo en otras ciudades en las que el turismo tiene un peso importante para analizar cuáles se adaptan mejor a su realidad para importarlas y crear su propia ordenanza municipal que regule una actividad que ahora escapa a la oferta reglada. San Sebastián, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid son las capitales cuyo modelo está estudiando el Ayuntamiento hispalense.
San Sebastián acaba de aprobar en Junta de Portavoces la ordenanza municipal que regula la proliferación de viviendas con fines de uso turístico y el alquiler de habitaciones en pisos particulares. El siguiente paso será su aprobación definitiva en un pleno extraordinario previsto para el próximo 1 de marzo, según explican fuentes del consistorio donostiarra. La ordenanza, que alude también al alquiler de habitaciones en vivienda habitual, recoge las condiciones del emplazamiento de los pisos turísticos en las edificaciones residenciales y la zonificación de la ciudad, esto es, la división en tres categorías: áreas saturadas donde se prohibe esta actividad, zonas de alta demanda –donde se establecen restricciones– y zonas con posibilidad de incrementar la oferta de este tipo de alojamientos. Además, prohíbe el uso turístico y el alquiler de habitaciones a las viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales (de titularidad públicas y ocupados de manera temporal).
Las grandes líneas las comparte con Palma de Mallorca. Desde su Ayuntamiento explican que las competencias dependen del Gobierno autonómico, que aprobó la ley de Turismo en verano del año pasado y que básicamente establece una zonificación de las áreas según la saturación turística que tengan. El consistorio se ha marcado un plazo de un año para dibujar ese mapa de restricciones y establecer prohibiciones totales o parciales, según el barrio o la zona que se trate. En las Islas Baleares aplica una moratoria desde el pasado verano por la que no se conceden nuevas licencias de establecimientos hoteleros ni alojamientos turísticos en el casco histórico de Palma, mientras que en el primer cinturón que lo rodea no se pueden dar licencias de nueva construcción. «Teóricamente termina en julio de 2018, pero la idea es mantenerla e ir revisándola a través del Plan General de Ordenación Urbana», reseñan.
Barcelona, que ha sido pionera en la adopción de medidas, está compartiendo su estrategia con numerosas ciudades para atajar un problema global. Una de las iniciativas ha sido la de dar incentivos a los propietarios que alquilaban a turistas por necesidad económica para que utilicen sus inmuebles para alquileres sociales. Además, han aumentado las inspecciones y las sanciones económicas, que han pasado de 30.000 a 60.000 euros, y han presionado a las plataformas digitales hasta convencerlas de que retiraran los anuncios ilegales, aunque para ello hiciera falta que impusiera a una de ellas una multa ejemplificante de 600.000 euros. Junto a ello, han creado el Consejo de Ciudad y Turismo, donde participan todos los agentes del sector, para diseñar una estrategia turística compartida y a largo plazo. Todo, para evitar que los vecinos de toda la vida tengan que marcharse de sus barrios porque no hay oferta de alquiler o con precios inasumibles.
Para precisar más la radiografía de esta práctica en Sevilla, el Consorcio de Turismo ha encargado un estudio a una empresa especializada cuyos resultados se conocerán en los próximos días. La realidad que desprenda servirá de base para determinar la viabilidad de las iniciativas para regular este tipo de alojamientos.
Esta semana se ha producido un avance muy relevante para poner coto a esta práctica tan extendida. La plataforma Airbnb, una de las que ha favorecido la proliferación de una extensa oferta de viviendas no reconocidas para ejercer actividad turística, anunció el pasado jueves que a partir de mayo implementará un sistema de registro online simplificado para que los anfitriones andaluces inscriban su vivienda destinada al alquiler turístico y obtener así un número del Registro de Turismo de Andalucía que se incluirá de forma visible en su anuncio.
Se trata de una nueva funcionalidad de la plataforma web que no tiene precedentes en España pero que ya aplica con éxito en Portugal y ciudades como San Francisco y Chicago. Con esta medida se da respuesta a los continuos requerimientos por parte de la Junta de Andalucía ante el elevado volumen de anuncios publicados sin el número de registro que es obligatorio para poder desarrollar esta actividad económica.
Las viviendas con fines turísticos están reguladas en Andalucía por un decreto en vigor desde mayo de 2016. La inscripción en el Registro de Turismo es obligatoria para poder operar, trámite que se inicia con la presentación de una declaración responsable por parte del propietario. Actualmente, en Sevilla hay inscritas 2.687 viviendas, según los datos de la Consejería de Turismo y Deporte, si bien el Consistorio estima que el parque de inmuebles dedicado a esta actividad sin control alguno se eleva hasta los 10.600, concentrados especialmente en los distritos de Casco Antiguo, Triana, Nervión y Macarena.
La Junta, encargada de vigilar y controlar esta actividad, ha realizado 651 inspecciones en Sevilla desde la puesta en marcha del decreto –un total de 4.999 en el conjunto de Andalucía–, en las que se ha requerido documentación y se ha comprobado in situ el cumplimiento de los requisitos. Turismo interviene tanto de oficio como a raíz de las denuncias que recibe de terceros, bien por actividades clandestinas, bien por la prestación defectuosa de servicios. La Asociación de Hoteles de Sevilla interpuso 92 denuncias el año pasado por competencia desleal que afectaban a 220 apartamentos y sumaban 775 plazas, según su presidente Manuel Cornax.
La Junta, que no tiene disponibles los datos de expedientes sancionadores acumulados hasta la fecha, precisa que ha recibido 203 denuncias en Andalucía. Las competencias en esta materia son autonómicas, aunque desde el Ayuntamiento también se hace una labor de vigilancia y persecución de esta práctica con actuaciones desde Urbanismo y la Policía Local. Debido a la escasez de recursos, los esfuerzos se concentran en el control del alquiler de los famosos balcones y viviendas en Semana Santa y en otras fechas señaladas de alta demanda turística como la Feria de Abril.
El Pleno municipal rechazó el primer intento de establecer un control fiscal de esta actividad. Todos los grupos a excepción del PSOE se negaron a aceptar la imposición de una tasa de en torno a 300 euros para quienes cambiaran el uso de una vivienda residencial a turística, aspecto incluido en las ordenanzas fiscales para 2018 aprobadas a finales de octubre pasado.