El lógico afán de normalidad, de actividad docente e investigadora, de la Universidad de Sevilla se ha visto trastocado por un asunto tan de actualidad en las universidades españolas como el del plagio. La profesora contratada doctora del departamento de Historia de América Sandra Olivero quedó apartada de la docencia del Master de Estudios Americanos la semana pasada por las acusaciones que pesan sobre ella. La Hispalense resume la situación en dos frases: el día 21 de febrero «se celebró un Consejo de Departamento y, a instancias de una recomendación del Defensor Universitario, se decidió cambiar la asignación docente y sus clases ahora las impartirá un profesor hasta final de curso. Es todo».
No parece una respuesta suficiente, entre otras cuestiones porque las acusaciones de plagio son conocidas en el Vicerrectorado de Investigación desde 2015. La institución ha tardado dos años en adoptar una medida.
Con el problema de plagio de actualidad, sobre todo por el caso de todo un rector, –Fernando Suárez, ya ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid–, los análisis del asunto se mueven entre la lentitud y la escasa eficacia de las universidades para frenar esta práctica y los obstáculos que, de manera más o menos intencionada, se le ponen a las investigaciones y sus resultados.
En la Universidad de Sevilla, y en el propio departamento, los profesores son los primeros interesados en que el caso se solucione. «Son casos aislados, pero nos hacen muchísimo daño», resume Emilio José Luque Azcona, director del Departamento de Historia de América de la US, que a continuación relata la manera en la que actuaron desde que recibieron el aviso de la actuación inapropiada de su compañera. «Me llegó un correo de un destacado académico argentino alertando sobre este hecho referido a un artículo», recuerda. Luego «llegaron evidencias. La Comisión de Investigación del Departamento avaló que eran ciertas y se trasladó al vicerrector», explica, y puntualiza dos cuestiones. Una, que se trata «de un tema delicado, ella es parte del departamento». Y dos, que «como departamento no tenemos competencias en estos temas. Lo que podemos hacer es informar a las autoridades responsables, y derivamos la información al vicerrector de Investigación». Los ocho profesores del Departamento –todos a excepción de la apartada– emitieron un comunicado en enero en el que lamentaban «la lentitud para abordar el tema del plagio en universidades e instituciones». Opinaban además que «las evidencias contrastadas de malas prácticas deberían ser suficientes para que las instituciones públicas afectadas, incluidas las universidades, actuasen con rapidez y diligencia».
El Departamento de Historia de América de la US goza de un notable prestigio, y la presencia como docente en su Máster de Estudios Americanos de una profesora acusada de varios plagios –a estas alturas, comprobados– es poco menos que un disparo en el pie. De hecho, fueron los propios alumnos del master –de varias partes de España, Latinoamérica, Asia y países europeos, lo que demuestra prestigio del curso– quienes acudieron al Defensor Universitario, puesto que ocupa desde hace poco más de un mes Fernando Álvarez-Ossorio, en busca de apoyo, porque no es descabellado cuestionar el valor de un curso que imparte una profesora sobre las que pesan ya tres acusaciones formales y que ha sido desautorizada por varias revistas especializadas. El Defensor envió un escrito pidiendo que, de manera cautelar, se la apartara de la docencia. El rector, Miguel Ángel Castro, aceptó esa petición. Fuentes universitarias auguran ahora novedades en un plazo breve de tiempo. Es la lenta adaptación de una institución enorme y de más de 500 años a una realidad rápida y cambiante.
La US prepara también un protocolo antiplagio. Qué menos.
Anglosajones y alemanes sí disponen de mecanismos
Para situar la cuestión, sirve un párrafo del comunicado de la Plataforma contra el plagio de la Universidad de Granada: «Muchas personas que nos dedicamos a la enseñanza e investigación universitarias sabemos que el plagio es una práctica extendida en la comunidad académica, aunque no existan suficientes datos o informes generales sobre este problema. Sin embargo, en la actualidad, las universidades españolas, a diferencia de lo que ocurre en otras geografías, no cuentan con ningún instrumento para sancionar académicamente a quienes practican el plagio. Ni siquiera hay un estado de opinión que rechace abiertamente el plagio, como demuestran los casos recientes, y la única herramienta para defenderse es la vía jurídica».
El director del Departamento de Historia de América de la US, Emilio José Luque Azcona, explica que «se ha puesto de relieve la falta de mecanismos ágiles en las universidades españolas. Sabemos de casos en México, en Perú, en Estados Unidos, donde, ante este tipo de actuaciones, las universidades tienen mecanismos ágiles. Aquí se ha planteado para los estudiantes, pero qué pasa cuando un docente realiza esa práctica. ¿Qué ocurre entonces?».
En otros países, la situación es distinta. Sonado fue en Alemania el plagio que cometió el que en 2011 era ministro de Defensa, Karl Theodor zu Guttenberg, delfín de Angela Merkel. La Universidad de Bayreuth lo demandó por atentar contra la ley de propiedad intelectual y por falso juramento y revocó su título. Su carrera política acabó ahí. Además, Alemania cuenta desde entonces con el Defensor de la Ciencia, de ámbito nacional y probada eficacia para detectar plagios. En el ámbito anglosajón, las universidades dejan claro que quien plagie se puede dar por acabado para la vida académica. Los centros los expulsan y las publicaciones mantienen los artículos como «retirados» con una completa explicación del plagio y la posibilidad de acceder al artículo original.